Cientos de fanáticos de la agrupación surcoreana protestaron frente a la sede de Gobierno en Chile, tildando la cancelación de «injusta» y acusando motivaciones políticas por parte del Ejecutivo.
Una masiva movilización tiñó de morado las calles céntricas de Santiago de Chile. Cientos de fervientes seguidores de la superbanda surcoreana BTS, nucleados globalmente bajo el nombre de ARMY, marcharon de forma pacífica por la principal avenida de la capital hasta las inmediaciones del Palacio de La Moneda para manifestar su profundo rechazo ante la suspensión de los tres masivos conciertos que el grupo de K-pop tenía agendados para mediados del próximo mes de octubre.
La drástica medida sobre los espectáculos programados para los días 14, 16 y 17 de octubre en el Estadio Nacional generó una ola de indignación entre las agrupaciones de fanáticos chilenos, quienes denuncian una falta de respeto institucional hacia la cultura y los sueños de miles de jóvenes de la región.
Argumentos técnicos frente a la mística del pop
La polémica estalló luego de que el Instituto Nacional del Deporte emitiera un dictamen asegurando que la cancelación responde estrictamente a criterios de preservación técnica de la infraestructura pública. Las autoridades detallaron que las dimensiones y el peso del escenario de 360 grados que despliega la banda dañarían irreversiblemente el césped del recinto deportivo, poniendo en riesgo compromisos prioritarios agendados con anterioridad:
- Partidos oficiales: Los encuentros de local de la selección nacional de fútbol masculina.
- Eventos benéficos: La realización de la Teletón 2026.
Desde la dirigencia del club de fans oficial rebatieron estos argumentos, sosteniendo que no existe ningún otro recinto en el territorio nacional con la capacidad logística y de aforo necesaria para albergar un espectáculo de las magnitudes internacionales de BTS, una agrupación que no pisa suelo chileno desde hace más de una década.
Sospechas políticas y el rol de las productoras
Durante el transcurso de la movilización, los cánticos y las pancartas de los asistentes apuntaron no solo a la productora DG Medios —a la que le reclaman una total falta de respuestas claras—, sino de manera directa hacia la gestión del gobierno del presidente derechista José Antonio Kast. Diversas manifestantes catalogaron la abrupta suspensión como una aparente estrategia de distracción política orientada a desviar la atención pública de la agenda interna del Ejecutivo.
«El Gobierno está opacando nuestros sueños y usando el impacto mundial de BTS para tapar los problemas que arrastra el país».
Por su parte, voceros gubernamentales defendieron la resolución argumentando que la empresa productora puso a la venta los tickets de acceso antes de contar con la confirmación de la disponibilidad real del Estadio Nacional. Mientras el conflicto escala en los ámbitos mediático y judicial, las carteras ministeriales aseguraron encontrarse en la búsqueda de locaciones alternativas que cumplan con los radios de seguridad periférica para intentar salvar la histórica visita de los mayores referentes del pop asiático.
