La Secretaría de Cultura y el INAH dictaminaron que los objetos forman parte del patrimonio nacional, activando la campaña internacional para frenar la venta de máscaras y estatuas de origen maya y olmeca.
El combate global contra el tráfico ilícito de bienes históricos sumó una nueva e intensa disputa diplomática. La secretaria de Cultura del Gobierno de México, Claudia Curiel, exigió formalmente la suspensión de la venta y el retiro inmediato de 33 piezas arqueológicas de origen mexicano incluidas en el catálogo de la subasta internacional titulada ‘Tribal Addiction’, organizada por la prestigiosa casa Millon en París. La determinación se tomó luego de que los especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia dictaminaran que la totalidad de estos lotes forman parte irrestricta del patrimonio cultural de la nación, por lo que su comercialización privada vulnera de forma directa las leyes federales de protección de bienes arqueológicos.
La funcionaria federal calificó las gestiones de reclamo ante las autoridades francesas como un acto de estricta responsabilidad de Estado, orientado a preservar la memoria histórica y la riqueza de las identidades de los pueblos originarios. La subasta programada en la capital francesa por la firma Millon & Associés contempla un total de 54 lotes con diversas piezas arqueológicas mexicanas, mediante las cuales la empresa europea proyecta recaudar una cifra cercana a los 168.000 euros. El catálogo bajo la lupa institucional incluye valiosos objetos pertenecientes a culturas prehispánicas fundamentales como la maya, olmeca, teotihuacana, mexica, totonaca y chontal.
Entre las piezas de mayor cotización y relevancia artística dentro del listado oficial destacan una imponente máscara teotihuacana, una estatua totonaca proveniente de la región de Veracruz que representa a un antiguo jugador de pelota y un hacha de uso doméstico de origen maya. Ante este panorama, las instituciones culturales de México realizaron un llamamiento directo a la sensibilidad de la casa de subastas parisina para que desista de lucrar con el legado histórico del país, al tiempo que ratificaron que los lotes en cuestión permanecerán bajo un estricto escrutinio legal en defensa de la soberanía arqueológica en el extranjero.
Esta enérgica ofensiva jurídica se inscribe dentro de la estrategia internacional permanente denominada «Mi Patrimonio No Se Vende», una campaña que el Gobierno mexicano ha intensificado de forma notoria durante los últimos años para frenar la dispersión de su riqueza cultural en los mercados de Europa y Estados Unidos. Los balances oficiales detallan que, mediante esta política de litigios y acuerdos diplomáticos implementada desde finales de 2018, la nación latinoamericana ha logrado la repatriación histórica de más de 16.500 piezas arqueológicas y artísticas al combatir de manera frontal subastas clandestinas y comerciales en grandes capitales como Nueva York, París y Roma.
