El país se ubicó en el puesto 22 a nivel mundial en el prestigioso informe de la organización Tracit, superando ampliamente al resto de la región. El estudio advierte que la mayoría de los gobiernos globales no están preparados para combatir el mercado ilegal de cigarrillos, fármacos y agroquímicos.
Uruguay se consolidó como el país mejor posicionado de América Latina en la lucha contra el contrabando y el mercado ilegal, según revela la ‘Evaluación del Índice de Comercio Ilícito’ elaborado por la Alianza Transnacional para Combatir el Comercio Ilícito (Tracit, por sus siglas en inglés).
En el informe global, que evalúa a 158 economías a través de categorías como entorno económico, marco regulatorio, corrupción, lavado de dinero y control logístico, Uruguay alcanzó el puesto 22 a nivel mundial con 64,7 puntos, liderando cómodamente el ranking en la región.
El director general de Tracit, Jeffrey Hardy, presentó estos datos en la capital panameña y advirtió que la media mundial es de apenas 49,9 puntos sobre 100. Esto demuestra que la mayoría de los gobiernos del mundo no están bien preparados para prevenir o mitigar el comercio ilícito de una amplia variedad de productos que van desde tabaco hasta agroquímicos.
El contraste con el resto del continente es marcado. Mientras Uruguay lidera los indicadores de transparencia y control, en Centroamérica el comercio ilícito de tabaco, alcohol, fármacos y falsificaciones de electrónica está fuertemente conectado en red a nivel regional. Los países mejor ubicados en el istmo son Costa Rica (puesto 68) y Panamá (puesto 81), mientras que Honduras (129) y Nicaragua (149) aparecen entre los peores evaluados.
«Existen condiciones estructurales y deficiencias regulatorias que facilitan el comercio ilícito. Entre ellas se cuentan las brechas en el monitoreo de la cadena de suministro, el uso indebido generalizado de las zonas francas y la corrupción arraigada«, indica el documento presentado ante la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá (CCIAP).
El informe apunta especialmente al descontrol en las zonas francas, mencionando a la Zona Libre de Colón en Panamá y la de Corozal en Belice, donde se manejan altos volúmenes de reexportaciones con una limitada inspección física de bienes de alto riesgo como los cigarrillos y los destilados procedentes de Asia.
Para revertir esta situación, Tracit propone declarar formalmente que las zonas francas operen bajo la jurisdicción estricta de las aduanas de cada país, otorgándoles derechos sin restricciones para hacer cumplir las leyes en todos sus perímetros y almacenes.
A pesar del complejo panorama transnacional, el organismo destacó que varios gobiernos de la región están comenzando a reconocer el comercio ilícito como un asunto prioritario, alineando sus marcos regulatorios con los tratados internacionales para aumentar la resiliencia frente a estas mafias económicas.
Semanario La Prensa / EFE
