Mundial 2026
Por Gerardo Debali desde Miami- Los sucesores de Ángel Anagnostis sostienen que son los legítimos propietarios del predio donde se ubica el histórico Parador Playa Hermosa y cuestionan el accionar de la Intendencia de Maldonado en un litigio judicial que ya lleva tres décadas. Aseguran contar con toda la documentación respaldatoria y afirman que, si el gobierno departamental pretende quedarse con el terreno, debe expropiarlo y pagar por él.
La entrevista a Alejandro Anagnostis, uno de los herederos del inmueble, fue realizada por el periodista Gerardo Debali en la ciudad de Miami, en el marco de la mega cobertura internacional de Semanario La Prensa, único medio del mundo presente en cuatro de los principales eventos deportivos internacionales del año: Campeonato Iberoamericano de Atletismo Máster, Campeonato Iberoamericano de Atletismo de Mayores, Mundial de FootGolf Acapulco 2026 (en México) y la cobertura de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se desarrolla en Canadá, Estados Unidos y México.
El prolongado litigio entre la familia Anagnostis y la Intendencia de Maldonado por la propiedad del predio ubicado en la parada 10 de la Ruta 10 donde se encuentra el parador Playa Hermosa (jurisdicción del municipio de Piriápolis), volvió a tomar estado público. En diálogo con Semanario La Prensa, «Jano» Anagnostis repasó la historia de la familia, defendió la titularidad del inmueble y cuestionó la estrategia jurídica del gobierno departamental.
Según explicó, la historia se remonta a su padre, Ángel Anagnostis, quien llegó desde Buenos Aires —aunque de ascendencia griega— y, tras enamorarse de la zona de Playa Hermosa, adquirió esas tierras cuando eran prácticamente campo. Posteriormente realizó el fraccionamiento con apoyo del Banco San José.
«Tras el reciente fallecimiento de Cristy, «somos cuatro hermanos los sucesores de Ángel Anagnostis. Nos criamos en Piriápolis, hicimos allí la escuela y el liceo, y desde hace más de 30 años estamos inmersos en este conflicto con la Intendencia, que pretende quitarnos unos predios que heredamos y cuya documentación está totalmente en regla», afirmó.
Un conflicto de más de 30 años
Anagnostis sostuvo que la familia cuenta con títulos y documentación que acreditan la propiedad de los terrenos, aunque entiende que la Intendencia busca desconocer esos derechos. Recordó además que recientemente un Tribunal falló a favor de la familia, aunque la Intendencia apeló la resolución, por lo que el proceso judicial continúa. «Si no tuviéramos razón, hace mucho tiempo nos habrían sacado de ahí. Lo que vemos es que se utilizan todas las herramientas posibles para seguir demorando una definición», expresó.
«Si lo quieren, que lo compren»
Uno de los planteos centrales de la familia es que, si la Intendencia considera necesario incorporar esos terrenos al patrimonio público por razones de interés general, debe hacerlo mediante los mecanismos legales correspondientes. «Si es de tanto interés para la Intendencia, que expropie y pague por esa tierra. Lo que no puede hacer es quedarse con un bien privado sin reconocer a sus propietarios», sostuvo «Jano».
En ese sentido, también cuestionó que el propio gobierno departamental reconozca públicamente la existencia del padrón correspondiente al Parador Playa Hermosa, mientras —según afirma— desconoce la titularidad de los sucesores.
Cuestionamientos al accionar de la Intendencia
Durante la entrevista, Anagnostis fue crítico con la postura del gobierno departamental, al que acusó de sostener una interpretación que, a su entender, no está respaldada por la documentación existente. Aseguró que cualquier persona interesada puede acceder a los títulos y antecedentes del inmueble y afirmó que la familia está dispuesta a seguir defendiendo sus derechos en todas las instancias judiciales. Incluso señaló que no descartan iniciar una demanda contra el Estado si entienden que corresponde.
«No pedimos un privilegio, sino que se respete la propiedad»
Anagnostis también cuestionó que se invoquen argumentos ambientales para impedir cualquier intervención en el predio, mientras —según manifestó— se autorizan otras construcciones en distintas zonas de la costa del departamento.
Finalmente, recordó que el histórico parador Playa Hermosa fue durante décadas un punto de encuentro de la zona, donde funcionaron conocidos locales gastronomicos y bailables, como El Chircal o La Cueva de Alí Babá, exitosa discoteca que gestionó el reconocido productor Juan Carlos Solá a finales de la década del ’70, principios de los ’80, organizando espectáculos que marcaron una época en Piriápolis. Sin embargo, Anagnostis aseguró que el inmueble, desde la época de Invernizzi (alcalde) permanece sin actividad comercial debido a la falta de habilitaciones municipales, situación que atribuye al conflicto con la Intendencia.
Mientras el expediente continúa en la Justicia, la familia Anagnostis insiste en que el objetivo es que se reconozca su derecho de propiedad. «Lo único que pedimos es que se respete la documentación. Y si la Intendencia considera que ese terreno debe ser público, que actúe como corresponde y pague por él», concluyó.
Antecedente judicial
El conflicto entre la familia Anagnostis y la Intendencia de Maldonado tiene un antecedente judicial relevante. En octubre de 2023, el Tribunal de Apelaciones revocó una resolución de primera instancia y dispuso la suspensión de la demolición del histórico Parador Playa Hermosa hasta que exista un proceso judicial específico que habilite esa medida.
La resolución obligó a la Intendencia de Maldonado a iniciar un nuevo juicio si pretendía avanzar con la demolición de las edificaciones ubicadas sobre la franja costera entre las paradas 10 y 11 de Playa Hermosa, donde se encuentran el Parador Playa Hermosa (ex Chircal) y otras construcciones con más de seis décadas de antigüedad.
El litigio entre la familia Anagnostis y la administración departamental se remonta a 1996 y ha atravesado sucesivas administraciones de gobierno. Mientras la Intendencia sostiene que los terrenos integran el dominio público y forman parte de la faja costera, la familia mantiene que se trata de propiedades privadas heredadas, respaldadas por títulos y documentación que acreditan su legítima titularidad.
La decisión del Tribunal de Apelaciones de 2023 representó un nuevo capítulo en un diferendo judicial que, casi tres décadas después de iniciado, continúa sin una resolución definitiva.
