Mundial 2026
Actualmente hay 564 menores bajo el amparo del Estado esperando un hogar, mientras que 160 familias aguardan en el registro para poder adoptar. El 90 % de los niños en espera tienen más de 7 años, una realidad que choca con los tiempos judiciales y las expectativas de los adoptantes.
El tono del Día Nacional de la Adopción este año estuvo marcado por la urgencia y la autocrítica. Aurora Reolón, integrante de la Asociación de Padres Adoptantes del Uruguay, lanzó una advertencia tajante dirigida a las instituciones: «No pueden caber más errores porque esto daña a las familias y daña a los niños«.
Desde la asociación denuncian que las dificultades en los procesos administrativos y judiciales están estancando el derecho de cientos de menores a vivir en familia. Según Reolón, se han presentado propuestas concretas al INAU para reformar no solo los procedimientos internos, sino también el marco legal que hoy ralentiza las adopciones en el país.
La presidenta del INAU, Claudia Romero, aportó datos que explican parte de la parálisis del sistema. Aunque en 2025 se concretaron 104 adopciones, la gran mayoría fueron de niños menores de 3 años. El problema radica en que, de los 564 menores que aún esperan en dependencias estatales, casi el 90 % supera los 7 años de edad.
Esta brecha generacional, sumada a situaciones de discapacidad o enfermedades crónicas, se convierte en una barrera que el sistema actual no logra sortear con agilidad. «El desafío es motivar para que otros niños puedan vivir en familia, y para eso hace falta revisar la normativa«, admitió Romero.
Un sistema «privilegiado» y costoso
En respuesta a estos reclamos, el ámbito político parece haber tomado nota. Las diputadas Tatiana Antúnez (Frente Amplio) y Paula de Armas (Partido Colorado) presentaron un proyecto de ley conjunto que busca atacar los puntos críticos que hoy frustran a las familias:
- Agilidad judicial: El proyecto busca acortar drásticamente los plazos en los juzgados de familia.
- Costos económicos: Se pretende abaratar el proceso para que la adopción deje de ser percibida como un «privilegio» económico y pase a ser un derecho accesible.
- Seguimiento post-adopción: Mejorar el acompañamiento a las familias una vez que el niño ya está en el hogar para evitar fracasos en la vinculación.
Mientras se discuten estos cambios legales, unas 160 familias permanecen en el Registro Único de Aspirantes (RUA). Para ellas, cada día de retraso burocrático es un día menos de convivencia. La crítica de las asociaciones de padres apunta a que, si no se modernizan los procesos de selección y se abaratan los costos, el sistema seguirá fallando a los más de 500 niños que hoy ven pasar su infancia bajo el amparo del Estado, pero sin el calor de un hogar propio.
Semanario La Prensa / EFE
