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Conflicto del gas: Miranda apunta a la empresa y al Estado que no encuentra armas para defender al pueblo

Por La Prensa
5 de octubre de 2016
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miranda-gasAnte el grave conflicto del gas que viene afectando duramente a la población de Maldonado incidiendo directamente en el sector turístico y comercial, entre otros, semanario La Prensa consultó a Alberto Miranda, referente político que supo estar a ambos lados del mostrador.

Miranda se desempeña en la actividad pública como concejal del Municipio de Piriápolis y en lo privado es industrial panadero, uno de los sectores fuertemente afectados por el conflicto. Pero el político fue también sindicalista, llevando adelante en su momento una ardua militancia en los gremios.

Miranda responsabiliza a Riogas por la situación de conflicto en el gas dejando a la población como rehén de un interés empresarial mostrándose preocupado, a la vez, por que el Estado demuestra no encontrar armas para defender al pueblo ante este tipo de flagelos.

Esto respondía el concejal a las preguntas de semanario La Prensa

¿Cómo exsindicalista y actual usuario de un servicio, qué piensa del problema del gas?

Voy a tratar de ser preciso en mis conceptos y resumir el problema en su esencia. Primera cosa a tener en cuenta es que se está discutiendo de un servicio y no de un negocio. Segunda consideración es que el Estado tiene una innegable responsabilidad en cualquier servicio público. Tercera cosa, es que no es el único responsable en el eficiente cumplimiento de un servicio, hay otros actores con igual responsabilidad social.

Ahora bien, el meollo es definir cuál es la cuota de responsabilidad que le cabe a cada uno de los actores de este conflicto. Tenemos al Estado el cuál debiera ser un garante, por otra parte y no menos importante, está la empresa la que amalgama al producto con el usuario, y por último están los trabajadores, articuladores de todo este proceso.

Otro aspecto del problema es el definir la cadena de rehenes que todos los conflictos traen aparejados. Los primeros en esta cadena son los mentados usuarios, a los que yo prefiero llamar ¨pueblo damnificado¨, el que paga los platos rotos. Los segundos a considerar son los puestos de trabajo eventualmente perdidos en estas confrontaciones, las terceras son las empresas dependientes en estos sistemas de comercialización las que en general son las más débiles en estos procesos (puestos de ventas y entregas a domicilios, etc. )

Bueno, pero y el problema ¿Dónde está?

Creo, pero es una opinión personal, que dadas las condiciones, el Estado afirma no ser responsable de la anormal distribución del gas, agregando que las empresas restantes están operando normalmente, y que para paliar la situación han autorizado un aumento en la cuota de distribución de éstas, lo cual deja claro que el Estado no está omiso frente al problema.

Analicemos ahora la responsabilidad del sindicato. Primero, fue el tema de una inconducta de tres operarios (el arma en el lugar de trabajo); pero luego  esto pasó a segundo plano ya que quedan fuera del servicio todo un turno, lo que trajo aparejado la dureza del conflicto.

Bien, hasta aquí podría decirse que es un tema sindical, pero éste a mi juicio no es el collar del perro, ya que al proponerse una instancia de diálogo entre las partes, usando como herramienta el desandar el camino recorrido, dejando sin efecto las medidas punitivas por ambas partes, es la empresa, y no el Ministerio ni el sindicato, la única que decide pinchar el globo y provocar con su actitud el desequilibrio en el mercado del gas, tratando así un «servicio» de características esenciales, como si se tratara de un problema de mercado convencional.

Entonces, según Miranda, el problema radica en la empresa

Sin lugar a dudas, la empresa tiene gran responsabilidad en dejar a la población como rehén de un interés empresarial, pero me preocupa que el Estado no encuentre aún las armas para defender al pueblo de este tipo de flagelos. No creo saludable para una sociedad que las empresas adjudicatarias de permisos para servicios esenciales, confundan ese rol que el pueblo les otorga, con la capacidad de chantaje que ese mismo rol les brinda.

Me pregunto : ¿Tendríamos que concebir una relación diferente entre el Estado y las empresas que cumplen servicios vitales para la población? … la dejo por acá. Un abrazo para todos

Gerardo Debali – semanario La Prensa
Publicado miércoles 5 de octubre de 2016 hora 22:40

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