Terminal Cuenca del Plata presentó un escrito urgente al ministro Juan Castillo; advierte por el corte en la cadena de frío de cargas sensibles, 36 días de parálisis en el año y demoras de 20 horas para camiones.
Terminal Cuenca del Plata S.A. (TCP) —operadora de la terminal especializada de contenedores del Puerto de Montevideo, integrada por Katoen Natie (80 %) y la Administración Nacional de Puertos (20 %)— formalizó ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) su solicitud para que el Poder Ejecutivo declare la esencialidad de los servicios indispensables durante las medidas de conflicto gremial. La presentación concreta la medida que la compañía había anunciado días atrás, tras una seguidilla de paralizaciones sindicales.
El escrito, fechado este jueves 10 de setiembre y dirigido al ministro de Trabajo, Juan Castillo, lleva la firma de los directivos Eduardo Souto y Wouter Van Melkebeek, con copia a Presidencia de la República, al Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) y a la ANP. En el documento, la compañía invocó el artículo 30 de la Constitución sobre el derecho de petición y la Ley N.º 13.720, que faculta a fijar turnos de emergencia y servicios mínimos en actividades de interés público.
Un acumulado de 36 días de parálisis y colas de 20 horas
A diferencia de las primeras estimaciones del conflicto, el balance oficial presentado por la compañía detalla que en lo que va del año ya se acumulan 36 días con afectaciones operativas severas. El texto enumera paralizaciones registradas los días 29 de junio, 1.º, 2 y 13 de julio, 22 de agosto, 2, 3 y 5 de setiembre, a las que se sumó la medida iniciada el 7 de setiembre.
Respecto a este último episodio, la empresa cuestionó con dureza la «guardia gremial» dispuesta por el sindicato de forma unilateral, calificándola de «objetivamente insuficiente». Según la solicitud, esa medida provocó un colapso en los accesos terrestres que obligó a conductores de camiones a aguardar «hasta 20 horas a la espera de ingresar a la Terminal para efectuar operaciones de entrega o retiro de contenedores». Aunque la operativa se reanudó parcialmente al día siguiente, TCP remarcó que el riesgo de nuevas detenciones sigue latente mientras no se cierre el diferendo.
Riesgo sanitario y cargas refrigeradas
En su petitorio de siete puntos, la concesionaria solicitó un trámite de «urgencia» y pidió expresamente que la esencialidad no se aplique a toda la actividad de forma genérica, sino acotada a tareas operativas críticas. Entre ellas, remarcó la preservación de la cadena de frío, el monitoreo y el suministro eléctrico de contenedores refrigerados y cargas perecederas, advirtiendo que su corte «puede comprometer la aptitud sanitaria de alimentos» y derivar en riesgos directos para la salud pública.
Asimismo, reclamó fijar dotaciones indispensables para maniobras seguras de buques, prevención de accidentes, circulación interna y respuesta ante emergencias en el recinto portuario. La empresa insistió en que el objetivo es establecer técnicamente turnos de emergencia para no paralizar la terminal por completo, garantizando en simultáneo el ejercicio del derecho de huelga en el resto de las tareas.
El nudo del conflicto
El diferendo tiene como trasfondo el vencimiento del convenio colectivo el pasado 31 de mayo. La empresa afirmó haber presentado sucesivas propuestas e incorporado mejoras a tres de los siete puntos planteados por el sindicato el 26 de agosto, fecha en la que dejó asentada su propuesta en términos «definitivos».
Por su parte, el gremio acusa el estancamiento de la negociación salarial por la falta de aumentos reales en los sueldos base y denuncia atrasos en inversiones de infraestructura. En el medio, el comercio exterior continúa en alerta máxima: desde la Confederación de Cámaras Empresariales (CCE) ya advirtieron que los reiterados cortes logísticos le han costado al país pérdidas de decenas de millones de dólares.
