Contrario a lo anunciado por el gobierno nacional, el colectivo ambientalista Movus reveló que la multinacional niega una resolución formal para cambiar de predio, advirtió por el riesgo de demandas millonarias al Estado y cuestionó contratos reservados.
A pocos días de que el Poder Ejecutivo anunciara públicamente que relocalizará la planta de hidrógeno verde y combustibles sintéticos tras los reclamos diplomáticos de Argentina, el Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus) advirtió que la multinacional HIF Global aún no prestó conformidad para mudarse y que continúa tramitando los permisos en los padrones originales.
A través de un comunicado emitido este 9 de setiembre, la organización socioambientalista señaló que la propia empresa notificó de manera oficial que «no existe una decisión definitiva ni formalmente adoptada respecto del futuro emplazamiento de la planta», proyectada inicialmente en los padrones 11950 y 11951 de Paysandú, a tres kilómetros de la costa de Colón.
«Eso contradice los comunicados del Gobierno de nuestro país al de la República Argentina sobre que la planta sería relocalizada», sostuvo Movus. Desde la ONG remarcaron que, mientras las autoridades uruguayas daban por sellado el cambio de predio, en los hechos «el estudio ambiental del proyecto se mantiene en el Ministerio de Ambiente en la ubicación original», lo que a su juicio demuestra la falta de conformidad de la compañía privada.
El antecedente de Aratirí y el riesgo de juicio arbitral
El punto de mayor alerta planteado por Movus radica en las similitudes jurídicas entre este escenario y el fallido proyecto minero de Aratirí en 2014. Según recordaron, la modificación impuesta por el Estado uruguayo para mudar la terminal portuaria desde La Angostura hacia El Palenque (Rocha) fue el detonante utilizado por la minera para demandar al país ante tribunales internacionales de París por 3.536 millones de dólares, un litigio que aún continúa activo.
«Vemos con preocupación la similitud de esta situación (…). En aquel momento, tal como ahora, hablamos de un proyecto inviable comercialmente, con grandes pasivos ambientales y que para su operación solicitaba subsidios del Estado uruguayo. Aratirí decidió que era mejor retirarse y procurar obtener mucho más dinero con una millonaria demanda al Estado», advirtieron.
Cuestionamientos a las negociaciones reservadas
Movus también rechazó que el Poder Ejecutivo mantenga negociaciones confidenciales para firmar un «Contrato de Inversión», comparando el proceso con los acuerdos alcanzados en administraciones previas con UPM, Montes del Plata y Katoen Natie.
El colectivo afirmó que este tipo de convenios, rubricados sin intervención parlamentaria ni control social, otorgan «beneficios más allá de los que el Poder Ejecutivo puede otorgar por la Ley de Inversiones (N.º 16.906), que limita las prerrogativas a exoneraciones impositivas». Por tal motivo, reclamaron frenar la instalación de megaproyectos que requieran subsidios públicos mientras comprometen recursos naturales esenciales.
