Ciudad de Guatemala, 8 abr (EFE).- Al menos dos diputados oficialistas sufrieron este miércoles el lanzamiento de gases lacrimógenos por parte de desconocidos durante la polémica elección del rector de la Universidad de San Carlos (Usac), la única estatal de Guatemala, celebrada en un hotel de Antigua Guatemala.
La jornada de violencia estalló cuando diputados y manifestantes intentaron acceder al recinto en Antigua Guatemala (oeste), donde se celebra la elección del rector de la universidad estatal para el periodo 2026-2030.
«Al entrar hubo agentes de (Walter) Mazariegos (actual rector) que detonaron armas de fuego. Un agente se subió a la terraza con una 9 mm y nos apuntó. A mí me pegaron con un palo», denunció el diputado David Illescas, quien junto a su colega Samuel Pérez exigió al Ministerio de Gobernación (Interior) la intervención de las fuerzas de seguridad ante lo que calificó como una «guarida de delincuentes en flagrancia».
Mazariegos fue electo de manera irregular en 2022 y busca su reelección al cargo para los próximos cuatro años en un proceso cuestionado por diversos sectores sociales.
Los gases lacrimógenos fueron lanzados por supuesto personal vinculado a Mazariegos que estaba a cargo de la seguridad de la elección, según las denuncias de los parlamentarios agredidos.
Las legisladoras oficialistas Andrea Reyes y Laura Marroquín lograron ingresar junto a una jueza de Paz para ejecutar un recurso de exhibición personal, en medio de empujones y el despliegue de Fuerzas Especiales de la Policía Nacional Civil que derribaron la puerta de acceso.
La oposición tildó el proceso de «ilegítimo e ilegal», al denunciar que solo se acreditaron 8 de los 34 cuerpos electorales para participar en la votación, excluyendo a la mayoría de sectores críticos.
La situación es grave para la institucionalidad del país centroamericano, ya que la Universidad de San Carlos de Guatemala integra las comisiones de postulación que este año renovarán las altas cortes y la Fiscalía General, entre otros órganos de control.
El martes, la Organización de Estados Americanos (OEA) instó al Estado a impedir un «proceso viciado» y alertó que la autonomía universitaria no justifica la inacción ante delitos.
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