Más de 100 presos políticos han sido liberados en Venezuela, según anunció el Gobierno este lunes, poco más de una semana después de la captura y entrega del presidente Nicolás Maduro en Caracas por parte de los Estados Unidos.
“Cualquier paso que devuelva la libertad a personas que han sido detenidas arbitrariamente es significativo para los afectados y para sus familias”, señalaron investigadores independientes de derechos humanos de la ONU en un comunicado de prensa emitido este lunes.
La Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, mandatada por el Consejo de Derechos Humanos, estima que existen alrededor de 800 presos políticos en el país y afirmó que la liberación parcial es insuficiente frente a las obligaciones del Gobierno en materia de derechos humanos para una liberación inmediata e incondicional.
La medida se produce mientras el país se adapta a un nuevo liderazgo bajo la presidenta interina Delcy Rodríguez. La oficina de derechos humanos de la ONU (ACNUDH) ha pedido a las autoridades venezolanas y a los Estados Unidos que garanticen el pleno respeto al derecho internacional y ha expresado su preocupación por una mayor militarización en el país.
“Una herramienta de represión”
La misión de determinación de los hechos ha documentado ampliamente lo que calificó como el uso generalizado y sistemático de la detención arbitraria como herramienta de represión, y reiteró su llamado a la liberación “inmediata e incondicional” de todos los presos políticos.
Los expertos también instaron a las autoridades a proporcionar información pública sobre los prisioneros y a ajustar las condiciones de detención al derecho internacional, incluyendo el cese inmediato de la tortura y los tratos crueles.
«Se debe proporcionar a los familiares información clara y oportuna sobre la suerte, el paradero y la situación jurídica de sus seres queridos, así como garantizarles el acceso y las visitas periódicas», afirmaron.
Los investigadores señalaron que han recibido información sobre «colectivos» armados, o grupos armados respaldados por el Gobierno, que presuntamente patrullan las ciudades e intimidan a la población desde la operación estadounidense, mientras que se han realizado nuevos arrestos durante la crisis contra quienes expresan opiniones políticas disidentes.
Hallazgos anteriores
La misión independiente de determinación de los hechos para Venezuela ha citado múltiples violaciones de derechos desde su creación en 2019.
En su investigación sobre las disputadas elecciones presidenciales del país en 2024, los hallazgos de la misión incluyeron detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y tortura.
Dicha misión afirmó que las autoridades no habían cumplido con las recomendaciones de investigar las violaciones de derechos humanos ni de implementar medidas para evitar su repetición.
Los investigadores también encontraron que durante el pico de las protestas en 2014, 2017, 2019 y 2024, funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela utilizaron fuerza excesiva, incluyendo el uso inadecuado de armas letales y menos letales, entre otras violaciones.
