En conferencia de prensa, el Intendente de Maldonado, Ing. Enrique Antía, dio a conocer este miércoles el resultado de la auditoria externa informando que el déficit de la administración del Frente Amplio es de casi 93 millones de dólares y que se presentaron tres denuncias penales contra la administración del Frente Amplio iniciando a la vez ocho investigaciones administrativas.
Las denuncias penales son por «irregularidades advertidas en la adquisición de un bien inmueble rural al Norte de Cerro Pelado, por «procedimiento llevado a cabo en relación a la zona de La Capuera» y por «situaciones irregulares en las terminales de ómnibus»
Informe de la Intendencia de Maldonado
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El informe elaborado por Phoenix Auditores determinó que la deuda de la Administración al 31 de diciembre de 2015 asciende a 92.853.331 dólares. El material está basado en las sumas y saldos, a los cuales se le aplicaron procedimientos de auditoría para su confiabilidad.
Durante una conferencia de prensa convocada para este miércoles 18 de mayo en el Edificio Comunal, el intendente Enrique Antía expuso los resultados del trabajo desarrollado por la empresa adjudicataria. Asimismo, informó que la Intendencia de Maldonado inició ocho investigaciones administrativas y elevó tres denuncias penales.
Por otra parte, adelantó que en los próximos días también se realizará otra denuncia penal en Maldonado por la contratación de la Asociación Civil Procentro.
En la oportunidad, estuvo acompañado del prosecretario general, Álvaro Villegas, el secretario general, Diego Echeverría, y los directores generales de Hacienda y Asuntos Legales, Luis Eduardo Pereira y Adriana Graziuso, respectivamente.
El documento comprende el análisis de los aspectos legales, contables financieros, patrimoniales, operativos y de gestión de la Administración.
Respecto al total de la deuda, el monto global es de 92.853.331 de dólares, la cual se divide en:
Retenciones consideradas obligaciones a verter, sueldos a pagar y deudas por becas:
Deuda operativa: 9.346.145 dólares.
Compromisos contraídos que al cierre del ejercicio no llegaron a situación de pago por no haberse cumplido los ciclos accesorios que median entre la etapa del compromiso y la liquidación en relación a:
Vivienda: 9.095.978 dólares.
Centro de Convenciones: 8.697.743 dólares.
Contrato CIEPE: 3.162.816 dólares.
Gastos e inversiones comprometidos durante el ejercicio que al cierre no se abonaron:
Residuos Pasivos: 7.185.064 dólares.
Préstamos: 49.124.005 dólares.
Según Phoenix Auditores “el resultado del trabajo refleja, durante el alance analizado, un contexto crítico global, donde se materializaron riesgos relevantes que provocaron el incumplimiento o cumplimiento con bajo grado de eficacia, eficiencia, economía y efectividad de los cometidos, perjuicios económicos que impactan en el pasivo estructural y comprometen la calidad de la gestión presente y futura”.
Se resalta que “la falta de información confiable sobre la aplicación de fondos, los incumplimientos en la normativa quitándole transparencia a la operativa, irregularidades y falta de criterios uniformes en la ejecución de los procesos administrativos impactan directamente en pérdida de imagen, confianza y reputación de la IDM”.
Dentro de las principales observaciones que se expresan en la Auditoría se hace hincapié en que “el manejo ineficiente de fondos provocó el incremento del pasivo y de las pérdidas acumuladas, siendo causa relevante de esta situación las debilidades del sistema de control interno constatadas”.
El documento establece que la ausencia de controles posibilitó:
1. Manejo de información sin integridad ni confiabilidad.
2. Aplicación de fondos a destinos distintos a los establecidos
3. Incumplimientos normativos e irregularidades en la ejecución de los procedimientos
4. Celebración de convenios en desventaja.
5. Ausencia de acciones o medidas de exigencia de cumplimiento de las obligaciones contraídas por terceros.
6. Falta de aplicación uniforme de criterios.
7. Falta de oposición de intereses.
La auditoría realiza una serie de recomendaciones, dentro de las cuales expresa que “es necesario gestionar dentro del marco legal vigente y desarrollar los procesos según la normativa de administración pública. Manejar los fondos públicos velando por la salvaguarda del patrimonio, adoptando principios de buena administración y no en función de intereses ajenos. Es por tanto fundamental, implementar mecanismos de control que permitan prever o detectar desviaciones en tiempo y forma, para poder tomar medidas correctivas que minimicen la ocurrencia de riesgos y los impactos que estos produzcan”.
Por lo antes expuesto, se dispuso la ejecución de una investigación administrativa sobre:
1. Convenio con FUECI referente a servicios de limpieza, conservación y mantenimiento.
2. Convenios con cooperativas para la prestación de servicios de limpieza, conservación y mantenimiento.
3. Construcción de viviendas sociales. Contratación con la Unión de Comerciantes Minoristas de Maldonado.
4. Tareas inspectivas en cumplimiento de ordenanza de higiene y salubridad.
5. Construcción de viviendas sociales. Convenio Lomas de Charrúa y Cañada Aparicio.
6. Contratación y donación con el Instituto Cuesta Duarte.
7. Licitación Pública para la Ruta Perimetral.
8. Plan Aparicio Saravia.
En tanto, existe un informe reservado respecto a tres temas. Antía indicó que la IDM efectuó por cada uno de los casos la IDM efectuó denuncias penales en juzgados de Maldonado “toda la información está a disposición del Juzgado del Crimer Organizado”.
1. Irregularidades advertidas por dicha Auditoría en la adquisición de un bien inmueble rural de la primera Sección Judicial de Maldonado al Norte de Cerro Pelado.
2. Procedimiento llevado a cabo en relación a la zona de La Capuera.
3. Terminales de ómnibus.
Al cierre de la conferencia, Antía indicó lo expuesto es en referencia estrictamente a lo que establece la auditoría “hicimos un esfuerzo en no adjetivar”. Agregó que se trata de un tema serio porque el informe hace alusión al dinero de Maldonado, por este motivo, “la Administración hizo lo que tenía que hacer: contratar una auditoría que trabaje con libertad”.
El jerarca puntualizó que “vamos a seguir investigando para cumplir con nuestro rol de eficientes administradores y de transparencia en la gestión pública”.
Semanario La Prensa
Publicado jueves 19 de mayo de 2016 hora 16:50
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