Un informe de la organización advierte sobre la incorporación de tecnologías de reconocimiento facial, drones y rastreo digital, señalando riesgos para los derechos civiles y las libertades individuales.
Amnistía Internacional (AI) presentó un informe titulado «Estado de vigilancia: La expansión del uso de tecnologías de vigilancia masiva por el Gobierno de Argentina», en el cual advierte que la administración del presidente Javier Milei amplió el uso de herramientas tecnológicas e Inteligencia Artificial (IA) destinadas a la recopilación de información, la elaboración de perfiles y el monitoreo social.
De acuerdo con el documento, entre los años 2024 y 2025 el Estado argentino adquirió tecnología de vigilancia por un monto estimado en 1,2 millones de dólares. El equipamiento incluye plataformas de análisis y monitoreo de redes sociales y sitios web (incluida la dark web), bases de datos públicas, sistemas de reconocimiento facial, estaciones terrestres con rastreo automatizado y drones equipados con cámaras térmicas y transmisión de imágenes en tiempo real.
El investigador de Amnistía Internacional y especialista en IA y Derechos Humanos, Matt Mahmoudi, sostuvo que estos instrumentos se integraron a las tareas de control estatal, señalando que han generado un efecto disuasorio sobre manifestaciones públicas y grupos disidentes.
La investigación incluyó el análisis de resoluciones oficiales, contrataciones públicas, solicitudes de acceso a la información y 21 entrevistas con activistas, jubilados, periodistas y defensores de derechos humanos. Según los testimonios recogidos en el reporte, la presencia de estos dispositivos —particularmente drones en manifestaciones— ha llevado a que diversas personas manifiesten temores respecto al seguimiento de sus actividades y a la identificación biométrica.
Ante esta situación, la organización internacional solicitó a las autoridades argentinas suspender el despliegue de tecnologías de reconocimiento biométrico remoto con fines de vigilancia masiva, además de reclamar la implementación de marcos regulatorios transparentes, mecanismos de supervisión independiente y rendición de cuentas que garanticen el respeto a los derechos humanos y la privacidad.
Semanario La Prensa / EFE
