El informe 2025 de la organización cuestiona el mito de que el país sea un referente en derechos humanos. Advierte por «vacíos presupuestales» en áreas clave, una crisis profunda en salud mental y define la realidad de mujeres, niños y adolescentes como una situación insegura y hostil.
Uruguay ha sufrido «serios deterioros que impactan en la población más vulnerable«, según advierte el informe 2025 de Amnistía Internacional (AI) presentado este martes. El documento cuestiona el mito de que el país sea un referente en materia de derechos humanos y señala deficiencias estructurales profundas en las políticas públicas esenciales proyectadas para los próximos años.
Durante el evento de presentación —que contó con la participación del ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía— la organización identificó que el presupuesto aprobado para el período 2025-2029 presenta «vacíos presupuestales» en sectores críticos como la niñez, la adolescencia, las mujeres, la salud mental y el sistema penitenciario.
La conclusión más severa del informe sostiene que «Uruguay es un país inseguro y hostil para las niñas, niños, adolescentes y mujeres». Esta advertencia se fundamenta en la falta de un presupuesto integral para prevenir situaciones extremas y en cifras de impacto: 20 fallecimientos bajo el amparo del INAU en 2025 y la muerte de al menos 13 niños por violencia vicaria en los últimos tres años. Además, el informe revela un dato alarmante sobre la infancia: en 2024 se registraron 37 alumbramientos de niñas menores de 15 años.
Alerta por salud mental y récord carcelario
El deterioro se manifiesta con especial fuerza en dos indicadores que el informe destaca como críticos para la sociedad uruguaya:
- Suicidios: En 2024 se quitaron la vida 764 personas (tasa de 21,35). El informe destaca el caso de los efectivos policiales: 15 oficiales se suicidaron en 2025, una tasa desproporcionadamente superior al resto de la población.
- Cárceles: Uruguay llegó a su máximo histórico de personas privadas de libertad con 16.496 reclusos, alcanzando una tasa de encarcelamiento de 477 personas cada 100.000 habitantes. A esto se suman más de 10.000 personas bajo medidas alternativas a la prisión.
Libertad de expresión y deudas de la dictadura
Amnistía manifestó también su preocupación por la libertad de prensa, registrando 51 casos de amenazas y restricciones contra periodistas entre abril de 2024 y marzo de 2025. Asimismo, el documento denuncia la persistente «impunidad estructural» sobre los hechos acontecidos durante la última dictadura cívico-militar y alerta sobre el deterioro hídrico que impacta en la calidad del agua potable.
Tras recibir el documento, el ministro Mahía afirmó que el informe permite al Gobierno realizar una autocrítica, aunque advirtió que la gestión enfrenta restricciones por endeudamiento, déficit fiscal y falta de personal estatal. «Lo importante es no retroceder en algunos aspectos y avanzar en otros (…) Todos tenemos deberes, el Uruguay también«, concluyó el jerarca.
Semanario La Prensa / EFE
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