Zona Oeste cada día con menos patrulleros y policías por estar afectados a los servicios 10/10 que dispone el Poder Judicial. Un problema grave sacude nuevamente a la institución policial, situación que no es de ahora, sino viene de larga data, y continúa generando serios inconvenientes y dificultades a las distintas unidades policiales del departamento y especialmente, a las de la zona oeste de Maldonado, que no solamente afectan a los propios policías que cumplen el servicio, debiendo realizar un trabajo muchas veces insalubre y estresante, sino el mas perjudicado siempre es el ciudadano común, la población en general, que queda sin policías en las calles y sin móviles patrullando la ciudad.
Por estas horas, son muy escasos los patrulleros y los efectivos disponibles para patrullaje en todas las unidades de Policía de Pan de Azúcar, Piriápolis y Solís Grande, por estar afectados a los denominados servicios 10/10, que la Justicia dispone, destinando 2 policías por turno para cuidar a personas víctimas de violencia doméstica.
En este momento y según pudo saber semanario La Prensa, son tres los servicios 10/10 que se están cumpliendo en la zona: uno en La Capuera, otro en Ocean Park, y un tercero en Ruta 60. Se destina un móvil y dos policías por turno para cubrir dichos servicios, por lo tanto, son en total 18 policías y 9 patrulleros que diariamente se están sacando de las calles, para destinarlos a los servicios 10/10.
Lo que para un magistrado alcanza con una firma desde atrás de un escritorio, con todo el confort y las comodidades, para la policía resulta extremadamente difícil y problemático implementar esa disposición. Se trata de vestir un santo desvistiendo otro. Es imposible armar un turno en una Seccional, donde hoy se cuenta con uno o dos policías por turno para la guardia y otros dos para el patrullaje. Si se destinan dos efectivos para la custodia policial (servicio 10/10), las Seccionales quedan desabastecidas y a punto de cerrar por falta de personal.
Sin embargo, el mayor problema no es ese, sino los propios policías, los trabajadores del ministerio del Interior que, con justas razones, no quieren ser designados para los servicios 10/10 porque se cansan de pasarla mal, permaneciendo en la mayoría de los casos, afuera de las casas de las víctimas, sin un baño, a la intemperie, soportando el frío, lluvias y heladas. Por eso, los jerarcas, siempre tratan de asignar un vehículo para que estén mas protegidos, pero eso no siempre es posible. Entonces, los policías no trabajan en las mejores condiciones laborales, generando estrés, agotamiento y distorsión en el normal funcionamiento de las unidades policiales, con los consiguientes reclamos de los funcionarios.
Toda esta situación se ve agravada, además, por las disposiciones judiciales que en la mayoría de los casos las resoluciones son extensas, con custodias a muy largo plazo, lo que empeora aún mas el problema.
Es hora que se tomen cartas en el asunto y tanto la Justicia como el ministerio del Interior, busquen alternativas y otras formas de custodiar o proteger a las víctimas de violencia doméstica, que no sea desamparando a la población, sacando policías y patrulleros de las calles. Si el problema es que no hay tobilleras electrónicas que se consigan, si hay que contratar mas policías que se contraten.
Fracaso de los distritos y promesa electoral incumplida
El presidente Luis Lacalle Pou llegó al gobierno prometiendo que, ante el rotundo fracaso de los distritos instalados por el gobierno del Frente Amplio, bajo su administración se volvería al sistema de Seccionales, fortaleciendo la figura del comisario y la comisarias de barrios. Si bien las dos modalidades, distritos y comisarías, están contempladas en la Ley de Urgente Consideración (LUC), en Maldonado, seguramente a sugerencia del Comando Jefaturial departamental, se optó por seguir con la modalidad de los distritos, ahora llamados zonas operacionales, siguen sin dar resultados, y no cumpliendo además con la promesa electoral de volver a las comisarias.
Cabe recordar el fracaso rotundo de los Distritos implementados el 1 de noviembre del año 2015, que lejos de mitigar los delitos, especialmente las denuncias por hurto, se multiplicaron por cuatro en Piriápolis. Un fracaso rotundo, que la necedad de las autoridades no les permite reconocer.
Si bien en algunos periodos de comienzo de año, se registró una caída importante de denuncias por hurto y rapiñas, insistimos que la mejor política es volver al sistema de comisarias, al sistema de Seccionales como se prometió, donde cada unidad cuente con su equipo de trabajo, brigada de hurtos, técnica, etc. Devolverle al comisario la autoridad que se le quitó. Es inconcebible que un comisario de una ciudad, esté subordinado a un lote de jerarquías, cuando debiera estar en el segundo nivel después del Jefe de Policía, con amplios poderes. Grave error, con las consecuencias a la vista. Los delitos de hurto se multiplicaron por cuatro en Piriápolis y existen enormes problemas de relacionamiento entre las unidades policiales, cuando la Policía debe ser una sola. Para peor de males, los jefes de distritos pasan la mayor parte del día haciendo oficina en Jefatura, siendo escaso el tiempo que permanecen en los territorios.
¿Y el alquiler?
Otra perlita de la gestión del Frente Amplio fue quitarle el beneficio de la vivienda a los comisarios. Antes de llegar el Frente Amplio al gobierno, los comisarios gozaban de autoridad en la comunidad y cada comisaría contaba con una casa para que viviera el jerarca y su familia, con la condición que estuviera las 24 horas al servicio de los vecinos.
Una vez instalada la administración frenteamplista les quitó primero ese beneficio, y con los años, se encargaron de dejarlo prácticamente sin nada, apareciendo casi como un policía mas. El comisario tenía que pagar el alquiler como cualquier vecino entendieron las autoridades de la administración Frente Amplio y desde entonces se les empezó a cobrar una renta importante, nada barata. Algunas viviendas hoy están muy deterioradas y los comisarios optan por alquilar casas particulares con mejores comodidades que las que ofrece el ministerio del Interior a un precio oneroso.
Sumado a esto, se fueron creando distintas unidades policiales, llámese, PADO, GRT, Guardia Republicana, URPM, Distritos, Seccionales, entre otras, que lejos de mejorar la respuesta y acción policial, no hicieron mas que generar diferencias, profundizar las grietas y dividir a la Policía, favoreciendo únicamente a la delincuencia que encontró campo fértil para actuar en todo el territorio, impulsados además por las propias autoridades ministeriales de la época, que se encargaron de transmitir el mensaje que «ser chorro daba glamour». Tremendo.
Lamentablemente, las actuales autoridades del ministerio y del gobierno nacional no han podido corregir tamaños desaciertos de la administración anterior, y hoy se siguen pagando las consecuencias y en algunos caso empeorando. Una de las causas de que todo siga como antes, es que apenas se cambiaron algunas cabezas, por demás, en los mandos medios, siguen los que estaban, así que ni en lo inmediato ni en el corto plazo, se vislumbran cambios.
