El Consejo Directivo Central resolvió destinar el 9, 10 y 11 de setiembre a instancias de intercambio y reflexión en facultades e institutos. Las actividades curriculares se retomarán el lunes 14. Un informe de Rectorado reconoció que haber definido inicialmente el hecho como una «agresión» generó malestar y desconfianza en la comunidad universitaria.
En sesión extraordinaria desarrollada este martes 8 de setiembre de 2026, el Consejo Directivo Central (CDC) de la Universidad de la República resolvió suspender las actividades curriculares de grado y posgrado hasta el sábado 12 de setiembre inclusive. El dictado de clases presenciales y virtuales se retomará formalmente el próximo lunes 14 de setiembre en todos los servicios universitarios del país.
La medida establece que las jornadas del miércoles 9, jueves 10 y viernes 11 de setiembre se destinen exclusivamente a instancias de reencuentro, intercambio y reflexión entre estudiantes, docentes y funcionarios técnicos, administrativos y de servicios (TAS), garantizando su participación para preparar el regreso a las aulas. Como únicas excepciones entre el 9 y el 11 de setiembre, los servicios podrán habilitar actividades curriculares que cuenten con docentes del exterior o aquellas vinculadas a funciones asistenciales y de extensión.
La resolución tomó conocimiento formal del documento «Análisis de la respuesta institucional ante el intento de femicidio del día 01/09/2026 en la Universidad de la República», elaborado por el equipo de Rectorado con aportes de integrantes del CDC. El informe fue remitido a los consejos y comisiones directivas de todos los servicios para profundizar la discusión colectiva y admitió debilidades en los pasos dados por la institución tras el ataque.
En el texto, la conducción universitaria reconoció los cuestionamientos surgidos por haber caracterizado el hecho como una «agresión» en las primeras horas: «En la sesión del CDC del 04/09/2026 se plantearon algunos cuestionamientos a la caracterización inicial (…) Numerosos planteos hicieron referencia a que no haber calificado el hecho como un “intento de femicidio” desde las primeras comunicaciones institucionales provocó malestar, preocupación y desconfianza institucional, considerando que se invisibilizaba la violencia de género que padecemos a diario en la sociedad uruguaya». Si bien se señaló la complejidad de utilizar de inmediato una figura penal, el informe admitió que la definición debió formularse con mayor claridad desde el primer momento.
Asimismo, el documento analizó la decisión adoptada el 1 de setiembre de mantener las aulas abiertas para dar debates curriculares. Reconoció que la medida no logró ser transmitida con claridad y generó un efecto adverso: «Muchos actores interpretaron que la institución buscaba continuar su actividad normalmente pese a la gravedad de lo sucedido», lo que derivó en paros y ocupaciones gremiales en distintas facultades antes de que se dispusiera el cese de cursos.
El informe también aportó datos sobre la dimensión de la violencia de género en el ámbito universitario: la Unidad Central sobre Violencia, Acoso y Discriminación (UCVAD) recibió un promedio de cinco denuncias mensuales en 2025, mientras que la última encuesta institucional reveló que el 52% de las docentes, el 43% de las estudiantes y el 34% de las funcionarias manifestaron haber sufrido violencia por razones de género en su trayectoria educativa o laboral.
Por otra parte, Rectorado expresó preocupación por el tratamiento público del caso en redes sociales y algunos medios de comunicación, advirtiendo sobre «la espectacularización del hecho, la revictimización, la producción de chivos expiatorios o la explotación del miedo para favorecer posturas que reducen lo ocurrido a un problema de seguridad».
De cara a la reanudación del ciclo educativo, la Comisión Abierta de Equidad y Género (CAEG), la UCVAD y Rectorado pondrán a disposición del cuerpo docente guías y materiales para abordar el regreso a clases. Paralelamente, se encomendó a los servicios planificar acciones inmediatas mientras se elabora en un plazo de 60 días un plan integral que incluirá capacitación obligatoria para toda la comunidad universitaria, mecanismos de detección temprana de riesgo y acompañamiento a víctimas, además de profundizar la participación institucional en la elaboración del «Plan Nacional por una Vida Libre de Violencia Basada en Género 2026-2030» junto a Inmujeres.
