Sistema penitenciario debe encarar una reforma seria y responsable, aseguró Negro. El ministro del Interior consideró que son necesarios cambios estructurales para mejorar la situación en las unidades del INR.
El Ministerio del Interior tiene clara la problemática de hacinamiento en las unidades del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) y la violencia que hoy ocurre en los centros, dijo Negro, en una conferencia de prensa, acompañado por la directora del INR, Ana Juanche; el comisionado parlamentario, Juan Miguel Petit, y el director de la Policía Nacional, José Azambuya.
El ministro atribuyó esa parte de la problemática a la política implementada por el Gobierno anterior, “que vio en la cárcel la única solución a los problemas y que tuvo en la ley de urgente consideración (LUC) su bandera o estandarte”.
Negro consideró necesario cambiar esa “filosofía normativa”, pero, aseguró, el Ministerio del Interior no llevará adelante solo ese proceso, sino que participará en un “diálogo profundo” con todos los actores del sistema para alcanzar una solución que no será inmediata.
De esta forma, llamó a lograr la “participación de todas las agencias vinculadas al sistema penitenciario, para así poder encarar una reforma seria y responsable”.
El ministro enfatizó en el impacto y la conmoción que generan tragedias como el incendio ocurrido este lunes en la unidad n.° 4, en Santiago Vázquez, en el que fallecieron cuatro internos. Aseguró que es necesario tomar medidas estructurales y no preventivas. Para ello, la cartera trabaja en un plan de acción para abordar los problemas del módulo de rehabilitación, que contemplará aspectos como infraestructura, salud mental y alimentación.
Como parte de esos cambios, Negro señaló también la necesidad de crear un Ministerio de Justicia, por entender incompatible la función del Ministerio del Interior en la gestión de las unidades penitenciarias.
En el mismo sentido, Petit consideró que el sistema penitenciario “es responsabilidad de los tres poderes del Estado”. “El Poder Judicial, en primer lugar, que es el primer competente en determinar la privación de libertad de una persona; el Ejecutivo, que implementa la medida, y el Legislativo, que controla”, explicó, el comisionado parlamentario.
Añadió que la comisión bicameral del sistema penitenciario que funciona en el Parlamento “juega un rol importante en el diálogo”. Dijo, además, que le consta el trabajo de los equipos del INR para cambiar esta situación. “La señal es muy clara: hay que reformar el sistema, pensar en dimensiones diferentes”, aseveró.
