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La doctora Sandra Alonso directora de la Oficina de Supervisión de LIbertad Asistida (OSLA) del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) del Ministerio del Interior, participó de un encuentro el pasado 9 de octubre con jerarquías de la Intendencia de Maldonado.
La directora de Unidad Especializada del Ministerio del Interior se reunió con el sub-director general de Higiene y Protección Ambiental de la intendencia Darío Toledo; la directora de Gestión Ambiental Brenda Bon; el director de Movilidad Ciudadana
Máximo Oleaurre; el director de Tránsito y Transporte Víctor Madeiro y funcionarios de la intendencia en el 5to piso B del edificio comunal para coordinar la aplicación de la Ley de Fa
ltas en el departamento.
La doctora Alonso explicó que se necesario «implementar» y «coordinar» la ejecución de sentencias de la Ley de Faltas que entró en vigencia el 7 de setiembre de 2013.
El no usar casco; no llevar la documentación que habilita a conducir; manejar alcoholizado y participar en picadasson algunas de las acciones consideradas faltas por la ley.
El proceso
La denuncia sobre una falta puede ser realizada por un organismo público o un particular y deberá ser resuelta por un juez.
OSLA recibirá el oficio del juez con los datos para ubicar a la persona y los días de pena impuestos que pueden ser entre siete y treinta. Cada día de pena son dos horas de trabajo comunitario que pueden ser acumulables considerando si el infractor estudia o trabaja.
En Maldonado existe un coordinador que representa a la oficina que informará sobre los cumplimientos o incumplimientos de la tarea comunitaria. Esto dará lugar a un informe donde constará si la persona asiste, cómo lo hace y de qué manera se comporta.
Cada día de tarea comunitaria no cumplida equivale a un día de prisión.
El INR definió que en esta etapa las tareas a realizar sean limpieza y barrido.
