El Decreto Departamental 4118/2026 establece un plazo excepcional de 18 meses para regularizar construcciones realizadas sin permiso hasta el 31 de diciembre de 2025. La iniciativa fue respaldada por unanimidad en la Junta Departamental.
La Junta Departamental de Maldonado aprobó por unanimidad el Decreto Departamental N.º 4118/2026, una normativa que crea un régimen excepcional para la regularización de construcciones realizadas sin permiso de edificación hasta el 31 de diciembre de 2025. La iniciativa recibió el respaldo de los 30 ediles presentes y habilita un plazo de 18 meses para que propietarios puedan poner en regla sus viviendas mediante un procedimiento simplificado, procurando brindar seguridad jurídica a miles de familias del departamento.
La edil Mariana Márquez destacó la importancia de la medida y señaló que responde a una problemática que afecta a numerosas familias que, por distintas circunstancias, construyeron o ampliaron sus viviendas sin completar la correspondiente regularización. Según explicó, esta situación ha generado dificultades para concretar operaciones de compraventa, escrituraciones, sucesiones, acceso a créditos y otros trámites vinculados al patrimonio familiar.
«Este decreto representa una respuesta concreta a una necesidad real de la gente. Permite que muchas familias regularicen su vivienda, protejan su patrimonio y accedan a mayor seguridad jurídica. Al mismo tiempo, contribuye a un Maldonado más ordenado y con mejores herramientas de planificación», expresó Márquez.
La edil aclaró que el régimen tiene carácter excepcional y transitorio, por lo que no modifica las normas permanentes de ordenamiento territorial, sino que constituye una herramienta destinada a resolver situaciones ya consolidadas sin desnaturalizar la normativa urbanística vigente.
Entre los principales beneficios previstos por el decreto se destacan la regularización de viviendas existentes, la posibilidad de facilitar trámites de compraventa y sucesiones, mejorar el acceso a créditos y gestiones notariales, actualizar la información edilicia del departamento y fortalecer la planificación urbana.
Márquez también valoró el trabajo realizado en las comisiones de la Junta Departamental y el consenso alcanzado en el plenario.
«Las normas deben servir para mejorar la vida de las personas. Cuando el Estado genera herramientas para resolver problemas históricos de manera responsable, está cumpliendo su verdadera función. Este decreto es una oportunidad para que muchas familias de Maldonado regularicen su situación y miren hacia el futuro con mayor tranquilidad», manifestó la curul en diálogo con Semanario La Prensa.
Finalmente, la edil exhortó a los vecinos que puedan estar comprendidos en este régimen a informarse y realizar los trámites correspondientes dentro del plazo de 18 meses establecido por la normativa.
