En el marco del Mes de la Diversidad, activistas e investigadores señalan que la reparación económica a personas trans es insuficiente y exigen un reconocimiento institucional de las violencias morales y policiales ejercidas durante la dictadura cívico-militar.
En el marco del Mes de la Diversidad, organizaciones y referentes del colectivo LGTBI reclamaron que el Estado uruguayo reconozca formalmente y pida disculpas públicas por la represión sistemática y la violencia sufridas durante la dictadura cívico-militar (1973-1985). Desde la comunidad remarcan que, si bien existen avances normativos en materia reparatoria, persiste una deuda moral e histórica: «La persecución no fue solamente política: también fue moral, sexual y de género».
La demanda fue respaldada por el docente e investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República (Udelar), Diego Sempol. Según explicó el politólogo, durante el período autoritario «una cantidad de formas de discriminación y de homofobia» pasaron a operar formalmente como política de Estado, traducidas en detenciones arbitrarias a homosexuales y travestis, controles policiales abusivos y destituciones masivas de maestros por poseer «sexualidades consideradas no acordes con lo esperado».
Los alcances y límites de la Ley Integral para Personas Trans
A nivel legal, el antecedente más directo es la Ley Integral para Personas Trans (N.º 19.684), aprobada en 2018. Dicha normativa —inédita en el continente— reconoció el derecho a una pensión reparatoria especial para aquellas personas trans que padecieron privación de libertad, violencia institucional o menoscabo de derechos fundamentales por parte de agentes estatales. En la actualidad, más de 200 personas perciben esta prestación mensual de 20.592 pesos (unos 500 dólares).
Josefina González, directora nacional del Departamento de Diversidad Sexual del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), explicó que el mecanismo busca reparar a quienes padecieron «persecución específica, encarcelamiento, detención arbitraria, abuso, tortura y violación», tanto en dictadura como en los años inmediatos de la reapertura democrática. No obstante, reconoció que la ley abarca a una «franja muy pequeña», dado que exige haber nacido con anterioridad al 31 de diciembre de 1975.
Ese corte temporal ha generado reparos entre las víctimas. La directora del Colectivo Trans del Uruguay (CTU), Ingrid Padilla, relató que su solicitud fue desestimada por una diferencia de apenas cinco meses, dejando en evidencia las situaciones de exclusión que aún persisten en los trámites administrativos.
La necesidad del desagravio público y la memoria
Pese al impacto de las compensaciones económicas, especialistas coinciden en que la respuesta estatal sigue incompleta si no va acompañada de un acto explícito de desagravio y garantías de no repetición.
«Faltaría un reconocimiento público de estas violencias, un pedido de perdón y la toma de medidas para evitar su reiteración. Por ahora se ha logrado cierta reparación económica, pero no tanto un reconocimiento público ni una reforma institucional profunda», concluyó Sempol, coautor además del documental Memorias travestis. En el mismo sentido, desde la cartera social señalaron el compromiso de construir archivos y testimonios para que las violencias del pasado no vuelvan a repetirse.
Semanario La Prensa / EFE
