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La comuna trabaja en la regularización de las viviendas de interés social en el barrio Cerro Pelado, aunque la acción se extenderá hacia otras zonas del departamento. Se recuerda que está prohibida la comercialización, alquiler o cesión de derechos de viviendas de interés social de planes de la Intendencia de Maldonado.
El subdirector general de Vivienda de la Administración Departamental, Fernando Franco, explicó que hay preocupación al haber “constatado un aumento en la compraventa de la vivienda social”.
El jerarca remarcó que “el vendedor está cometiendo un delito y el comprador, de alguna forma, está siendo estafado porque el dinero abonado por la casa no lo recuperará”. Cuando ocurre este ilícito, “la Administración tiene la obligación de iniciar el desalojo y también una acción penal sobre el vendedor”, agregó Franco.
La preocupación se centra en las personas que ahorran, con mucho esfuerzo, para adquirir una casa; mediante esa maniobra ilegal nunca podrán titularla y, como resultado, serán desalojadas.
Franco recalcó que se quiere “advertir por este medio, y también por otros que se van a implementar más adelante, para informar a toda la población que no compren viviendas en esta situación porque pierden el esfuerzo de su trabajo”.
Zonas problemáticas y consecuencias
El equipo inspectivo ha constatado situaciones de venta y alquiler ilegal de inmuebles ubicados en Cerro Pelado, Los Olivos y Maldonado Nuevo.
El jerarca expresó que se podrá “comprender la necesidad de vivienda que hay (en Maldonado), el esfuerzo que existe para reunir el dinero e invertirlo en una casa que después nunca podrá ser suya” pero que serán “inflexibles en la aplicación de todas las normas (con las personas) que juegan con la necesidad de la vivienda de las familias”.
Las operaciones efectuadas de este tipo de viviendas entre particulares no tienen validez y la cesión no autorizada es causal de rescisión del contrato de compraventa -con la pérdida de lo abonado-.Esta información ya está en los compromisos de compraventa cuando se adjudica la casa, por lo cual el adjudicatario original sabe que no puede venderla y por eso se transforma en un delito.
De esta forma, la comuna cumplirá con la denuncia y seguimiento de los expedientes que terminarán en la Justicia Penal; ésta última se encargará de definir la pena que corresponda en cada caso.
Franco aseguró que los “funcionarios de la oficina de Vivienda informan permanentemente a la gente cuando se acercan a la sede central o, en su defecto, en las oficinas que hay en los barrios”. Además, se repartirán folletos informativos y “los inspectores ya están recorriendo casa por casa en Cerro Pelado” con el objetivo de informar a la gente sobre este tema.
