El presidente Yamandú Orsi anunció un cambio de estrategia para frenar la ola delictiva. A través de un convenio entre Interior y Defensa, doce blindados del Ejército patrullarán diversas zonas de Montevideo bajo el mando operativo de la Policía.
El Gobierno nacional resolvió dar un paso firme en la estrategia de seguridad pública. A través de sus redes sociales, el presidente de la República, Yamandú Orsi, confirmó que se utilizarán vehículos del Ejército Nacional para sumarse a las tareas de patrullaje en diversos barrios de la capital, en el marco de una serie de medidas destinadas a frenar el avance de las bandas criminales.
La resolución se terminó de abrochar tras una reunión de trabajo entre el mandatario y los ministros de Interior, Defensa Nacional y Economía y Finanzas.
«Resolvimos redoblar el combate contra el crimen organizado. Para esto direccionamos la infraestructura de seguridad del país a este fin», escribió Orsi en su cuenta de X (antes Twitter).
Los detalles de este despliegue ya habían sido adelantados el pasado jueves por el ministro del Interior, Carlos Negro, durante su comparecencia ante la Comisión Especial de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Representantes, cuya versión taquigráfica se conoció públicamente este lunes.
Según explicó el jerarca, el Ministerio del Interior y el de Defensa Nacional están puliendo los últimos detalles de un convenio clave para que en los próximos días comiencen a circular por Montevideo doce vehículos blindados «Mamba» pertenecientes al Ejército.
Negro fue muy claro al especificar las condiciones de este despliegue para evitar rispideces institucionales, puntualizando que las unidades blindadas estarán bajo el mando operativo estricto de la Policía Nacional y que el personal militar actuará exclusivamente en carácter de colaboración. Asimismo, aclaró que estos recursos serán destinados de forma específica al patrullaje de las zonas con mayor incidencia de criminalidad y a brindar apoyo en operativos policiales concretos.
Esta medida no es un hecho aislado, sino que forma parte de las herramientas contempladas dentro del Plan Nacional de Seguridad Pública, una hoja de ruta proyectada a diez años que el Poder Ejecutivo de la República elaboró sobre la base de la experiencia técnica de la Policía y tras un proceso de diálogo con los partidos políticos que tienen representación en el Parlamento.
El plan integral abarca un paquete de 135 medidas concretas. Entre los proyectos que ya están en agenda, se destaca una iniciativa de ley para regular de forma más estricta el mercado de municiones, el aumento de las penas para quienes porten armas de forma ilegal en espacios públicos y, precisamente, la propuesta legislativa para ampliar las competencias de apoyo de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna.
Semanario La Prensa / EFE
