Ernesto Murro señaló que el Gobierno decretó la reglamentación de Ley N.º 19.039, que indemniza a los familiares de víctimas de homicidios derivados de los delitos de rapiña, copamiento o secuestro, o bien a víctimas de delitos incapacitadas en forma absoluta para el trabajo. La normativa ampara a personas afectadas por delitos ocurridos desde el 2002. El monto de la pensión es de 6 BPC y de carácter mensual.
El presidente del Banco de Previsión Social (BPS), Ernesto Murro, explicó a la Secretaría de Comunicación que las cifras que se pagarán por indemnización a familiares de victimas de delitos violentos no representa un impacto financiero para la economía del país. “La importancia que tiene es que son normas legales que ponen a Uruguay en la vanguardia internacional en prestaciones sociales de sensibilidad social”.
“De acuerdo con el proyecto tenemos 172 solicitudes de indemnización recibidas a nivel nacional (46 de Montevideo y 126 del interior), las que estamos procesando”, informó. También puntualizó que casi la totalidad de las solicitudes presentan solamente antecedentes policiales, “y solo esos datos, en la mayoría de los casos, no son contundentes, lo que dificulta dictaminar cuáles son las que realmente deben ser beneficiadas”. Murro explicó que el BPS debe contar con el auto de procesamiento judicial u otras pruebas equivalentes para subsanar este inconveniente.
También indicó que el Directorio, en forma unánime, resolvió convocar a una comisión asesora integrada por el BPS, el Ministerio del Interior y el Poder Judicial. “Esta comisión ayudará a precisar estas situaciones y determinar cuál solicitud cumple con los requisitos para acceder a la indemnización”, subrayó.
El titular resaltó la importancia de las modificaciones efectuadas en el sistema de protección social, «tanto para la población como para la imagen del país». En ese sentido, ejemplificó con las leyes de huérfanos por violencia doméstica, la creación del sistema nacional de salud vinculado a la seguridad social y las pensiones reparatorias para las víctimas de la dictadura.
“Todo el sistema de seguridad social es sustentable y sostenible hasta el año 2030. Eso da un tiempo para aprovechar el diálogo entre la seguridad social y otras instancias gubernamentales
