«Uruguay debe admitir que a veces aparecemos como un país un poco lento y caro», señaló el presidente Yamandú Orsi al anunciar un plan de choque contra la burocracia en el comercio exterior. Junto al ministro Gabriel Oddone, el Gobierno presentó cuatro medidas inmediatas para agilizar importaciones y exportaciones, con el objetivo de reducir el «costo país» sin afectar salarios ni jubilaciones.
Durante la conferencia de prensa, el presidente Yamandú Orsi fue enfático al señalar que el Estado debe dejar de ser una dificultad para los negocios y ofrecer mayor agilidad. «Reconocemos la estabilidad económica, pero hay otra cara de esta realidad. A veces se considera que algunas partes del Estado están para dificultar las cosas más que para facilitarlas«, afirmó el mandatario, refiriéndose a los excesos burocráticos que encarecen la operativa nacional.
El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, explicó que la mejora de la competitividad se buscará a través de reformas microeconómicas y no mediante el tipo de cambio. Según el secretario de Estado, convertir a Uruguay en un «país barato» usando instrumentos macroeconómicos tendría consecuencias negativas sobre la inflación y el ingreso de las personas, por lo que el foco estará en la productividad y la eficiencia de los trámites estatales. Según cifras del MEF, estas reformas simplifican procesos para empresas pequeñas, medianas y grandes, con un impacto de ahorro estimado en US$ 20 millones al año.
Las 4 medidas inmediatas para el sector privado
El plan contempla acciones de aplicación inmediata que buscan un ahorro directo para las empresas vinculadas al comercio exterior:
- Eliminación del control previo de DGI: Los trámites ante la Dirección General Impositiva en la frontera dejarán de ser previos (ex-ante) y pasarán a ser posteriores (ex-post), mediante una mejor coordinación directa entre DGI y Aduana. Esta medida involucra a unas 25.000 operaciones de importación anuales.
- Digitalización y fin del papel: Se elimina el soporte papel para operaciones de comercio exterior. Todos los trámites se gestionarán exclusivamente de forma electrónica a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE). Esto permitirá una mejora en más de 400.000 operaciones aduaneras al año, optimizando los tiempos de gestión y almacenamiento.
- Facilidades financieras en importaciones: Se habilitará un plazo de 30 días para abonar los tributos de importación una vez retirada la mercadería, eliminando la necesidad de pago previo para liberar los productos. Esta medida, alineada con las mejores prácticas internacionales, busca que las empresas no necesiten disponer de caja antes de tener la mercadería en su poder, beneficiando especialmente a las PyMEs.
- Reducción de costos aduaneros: Se elimina el precinto electrónico para tránsitos ferroviarios y para operadores económicos calificados (OEA), promoviendo plataformas logísticas seguras en zonas francas y depósitos. Además, se aplican criterios de riesgo para que el Canal Rojo (inspección física) solo se active cuando sea estrictamente necesario, y se reducen los plazos para la devolución de tributos a exportadores de 210 a solo 30 días.
Hacia la Ley de Competitividad e Innovación
El Gobierno enviará al Parlamento una propuesta legislativa el próximo 31 de mayo. Previamente, se abrirá un periodo de 30 días de consulta con cámaras empresariales, consultoras, universidades y el PIT-CNT para ajustar los pilares de la norma, que incluirá capítulos sobre regulación de la competencia, innovación y agilización de trámites.
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