Declaración del Colegio de Abogados de Maldonado fijando posición sobre el anuncio del cierre del Juzgado de Piriápolis

Declaración del Colegio de Abogados de Maldonado fijando posición sobre el anuncio del cierre del Juzgado de Piriápolis, medida que como informó diario La Prensa fue suspendida este lunes por la Suprema Corte de Justicia con el fin de habilitar un ámbito de negociación con el Poder Legislativo y con el Poder Ejecutivo a fin de obtener los recursos indispensables para un adecuado funcionamiento de las distintas sedes judiciales». Publicamos a continuación la declaración del Colegio de Abogados de Maldonado.

Colegio de Abogados del Departamento de Maldonado
Maldonado, 23 de agosto de 2021.-
A la Opinión Pública:
El Consejo Directivo del Colegio de Abogados del Departamento de Maldonado, por unanimidad, manifiesta su más honda preocupación ante la repentina decisión adoptada por la Suprema Corte de Justicia, dada a conocer el viernes 20 de agosto, de suprimir diversos juzgados en el país, y específicamente en el Departamento de Maldonado, de eliminar el Juzgado de Paz de la Quinta Sección Judicial, con Sede en la ciudad de Piriápolis.

Esta inesperada supresión, sumada a la del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Maldonado de 12º Turno, y antes el Juzgado de Paz de la Cuarta Sección Judicial (Aiguá), supone un nuevo retroceso en la administración de Justicia. Lo cual resulta incomprensible, cuando al mismo tiempo se anuncia con la mayor pompa –y con total prescindencia de este Colegio, al que no se notició siquiera– la creación de una Sede especializada en Violencia de Género con competencia departamental, que extrañamente funcionará fuera de la capital, con todos los problemas que ello
significará para los usuarios del servicio.

Aunque no puede desconocerse que el problema de base radica en que no se han dispuesto por las autoridades competentes recursos para el Poder Judicial, también es cierto que incide en este tipo de determinaciones la elección de ciertas prioridades en detrimento de otras.

Así, se ha decidido, sin que fuera esperable en lo más mínimo, eliminar el Juzgado de Paz de Piriápolis, que pasará a formar una comunidad geográfica con el de la Tercera Sección Judicial (Pan de Azúcar), lo cual, además de poco comprensible en atención al volumen de trabajo de las Sedes antedichas, implica dejar sin juzgado y oficina de Registro Civil a toda población de las ciudades de Piriápolis, Pueblo Obrero, Punta Negra, Punta Colorada, Playa Verde, Playa Hermosa, Playa Grande, Balneario Las Flores, Estación Las Flores y Balneario Solís.

No hace falta señalar el retroceso que esto implica desde todo punto de vista y las dificultades enormes que generará. La Justicia debe acercarse a los justiciables, en lugar de alejarse de ellos, sobre todo de las personas más carenciadas, a quienes, por definición, más dificultoso resulta desplazarse y acudir a los tribunales más distantes, lo que no hará más que aumentar sus problemas en lugar de solucionarlos. Una Justicia ausente o distante no puede cumplir su función a cabalidad.

Este tipo de medidas no se compadecen con un acabado conocimiento de la realidad y afectan lisa y llanamente la igualdad de acceso a la Justicia, además de ignorar principios básicos como la tutela efectiva de los derechos. Se ha prescindido además de oír al menos la opinión de los operadores jurídicos conocedores de esta realidad (funcionarios, jueces, abogados, técnicos). Y si bien se entiende que es complejo administrar recursos escasos manejando un menguado presupuesto, no lo es menos que estas resoluciones no contribuyen en absoluto a la mejora del servicio, sino todo lo contrario.

El CADM, en su rol de institución gremial representante de los abogados que ejercen en el Departamento de Maldonado, tiene el deber de bregar porque se revierta esta situación y se reconsidere una decisión que es totalmente desacertada y solo podrá constituir fuente de inconvenientes e inequidades.

La Suprema Corte de Justicia y las autoridades gubernamentales encargadas de disponer de los recursos económicos para el presupuesto del Poder Judicial son los responsables de adoptar las medidas necesarias para solucionar este preocupante panorama.-
Dr. Juan J. Gury
Presidente
Dr. Diego Acordagoitia
Vicepresidente
Dra. Andrea Chiappara
Secretaria
Dra. Ana Silvia Rodríguez
Tesorera
Dr. Gonzalo Peloche
Vocal
ADHIEREN SOCIOS:
Dr. Acordagoitia, Álvaro
Dr. Alanís, Mario
Dra. Álvarez, Raquel
Dr. Amoroso, Marcelo
Dra. Araujo, Susana
Dr. Ballesta, Pablo
Dra. Barrios, Cristina
Dra. Bustamente, Claudia
Dr. Cabrera Díaz, Mario
Dra. Cerizola, Gabriela
Dr. Chiappara, Marcello
Dr. Costa, José
Dra. Coubrought, Bivian
Dr. De León, Luis Carlos
Dra. Dellepiane, Sol
Dra. Díaz, Micaela
Dr. Difiuri, Álvaro
Dra. Facelli, Teresita
Dr. Ferrari, Pablo
Dr. Fuentes, Sebastián
Dra. Francia, Adriana
Dr. García, Joaquín
Dr. García, Rafael
Dra. González, Liliana
Dra. Hermida, Marcela
Dra. Ibáñez, Patricia
Dra. Lemos, Chary
Dra. Martínez, Amalis
Dr. Martínez, Gustavo
Dra. Martínez, Rossana
Dr. Meliante, Luis
Dra. Meliante, Mónica
Dra. Millán, Marie Claire
Dra. Nieto, Mercedes
Dra. Nocetti, María Eugenia
Dra. Olivieri, María Eugenia
Dr. Pereira, Leonardo
Dra. Pineda, Mariana
Dr. Plada, Marcelo
Dra. Rijo, Beatriz
Dra. Rivero, Paula Rivero
Dra. Rodríguez, Ana Clara
Dr. Rodríguez Gallardo, Carlos
Dr. Rodríguez, William
Dra. Romero, Dahiana
Dr. Silvera, Juan
Dra. Sosa, María José
Dra. Troche, Yuria
Dra. Vega, Cecilia
Dr. Vescovi, Eduardo
Dra. Vilizzio, Micaela