Continúan las repercusiones tras la muerte de una joven en Maldonado víctima de un aborto clandestino que se le practicó en Nico Perez, Florida. Esta vez es la organización «Mujeres en el horno», colectiva feminista que aboga por los derechos sexuales y reproductivos de la mujer y por la autonomía de sus cuerpos, que se hace eco de la triste noticia que dio a conocer semanario La Prensa este lunes.
Al igual que MYSU, «Mujeres en el Horno» envía un comunicado cuestionando y denunciando al sistema por las grandes barreras que existen para la realización del aborto, la objeción de conciencia de ginecólogos/as, las demoras en la atención de los servicios, la falta de servicios completos y amigables, así como la falta de controles por parte del Ministerio de Salud, que siguen empujando a las mujeres a prácticas de aborto inseguras, en un país que cuenta con el marco legal apropiado para interrumpir el embarazo en forma segura y legal, exigiendo en contrapartida que el aborto se elimine como delito del Código Penal, exceptuando cuando ocurra sin el consentimiento de la mujer.
«Mujeres en el Horno» considera necesario «identificar quienes son los profesionales que obstaculizan el proceso, entendiendo que esta muerte por aborto clandestino es evitable y consecuencia de la soledad en la que las mujeres abortan»
Comunicado de Mujeres en el Horno
«Sí, en Uruguay muere una joven por un aborto clandestino»
Una mujer joven de 21 años en Maldonado ha muerto víctima de un aborto clandestino. Una muerte más que ha dejado en evidencia que las mujeres siguen estando solas frente a un embarazo no planificado.
Desde la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo han habido dos muertes por abortos clandestinos en Uruguay, mujeres que no accedieron a su derecho a decidir en un país que se presenta ante el mundo como vanguardista en sus políticas de salud sexual y reproductiva.
Ante este hecho podemos afirmar que siguen habiendo abortos clandestinos e inseguros; que aún existen oportunistas con clínicas clandestinas, venta ilegal de pastillas de Misoprostol y sobre todo un sistema de prácticas inseguras que afectan particularmente a las mujeres en situación de mayor vulnerabilidad social; y que sigue siendo difícil para las mujeres en Uruguay llegar de forma temprana a los servicios de salud por miedos, por el estigma que aún sigue vigente, por la penalización cultural de la que aún somos testigos.
Este triste hecho demuestra que el aborto cuando es clandestino deja a las mujeres vulnerables, expuestas a las condiciones de inseguridad, riesgo de salud y en este caso deja sin vida a una joven.
Mujeres en el Horno en sus informes anuales del 0800 8843 Línea Aborto Información Segura ha dado evidencias de las deficiencias de los servicios a lo largo y ancho del país. En estos años de implementación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo se identifican grandes barreras para la realización del aborto.
La objeción de conciencia de ginecólogos/as, las demoras en la atención de los servicios, la falta de servicios completos y amigables, así como la falta de controles por parte del Ministerio de Salud, siguen empujando a las mujeres a prácticas de aborto inseguras.
Queda indagar más sobre cómo se llegó a esta muerte, por esto las Mujeres en el Horno entendemos que es urgente establecer una línea de comunicación e información que visibilice los servicios en los departamentos, identificar quienes son las y los profesionales que obstaculizan el proceso, porque entendemos que esta muerte por aborto clandestino es evitable y es también consecuencia de la soledad en la que las mujeres abortan.
El aborto no puede ser un delito en Uruguay ni en la región, exponiendo a las mujeres a la criminalización por querer ejercer su derecho a decidir sobre su vida y su cuerpo.
Es por esto que exigimos que en el marco de la Reforma del Código Penal Uruguayo se elimine el delito de aborto exceptuando cuando ocurra sin el consentimiento de la mujer.
Si el aborto sigue siendo delito, continuará siendo una barrera para el acceso a los servicios de salud y el acceso a información científica, validada y reconocida por organismos internacionales del área de la salud, protegiendo a las mujeres frente a cualquier forma de violencia institucional, tratos crueles, inhumanos y degradantes y contra toda forma de discriminación ejercida por el personal de la salud, reforzando acciones que permitan garantizar el acceso a la justicia y la debida defensa de sus derechos.
La práctica del aborto debe ser regulada legalmente para garantizar el acceso a abortos seguros y gratuitos en el marco de los servicios de salud. La efectiva protección de los derechos sexuales y reproductivos es aquella que garantice la capacidad de disfrutar de la sexualidad, de decidir libremente, sin coacción ni violencia, el derecho a diseñar y llevar a cabo el proyecto de vida, protegiendo el derecho a la vida de la mujer que se encuentre transitando un proceso de embarazo no planificado, alcanzando su máxima expresión en el derecho a no morir y a no ser criminalizada o enjuiciada por la interrupción voluntaria del mismo.
Respetar el derecho a la salud, la ley de SSR y la ley IVE implica la necesidad de una definición de compromiso político de las autoridades competentes, para implementar servicios seguros y no seguir dilatando acciones tan concretas como la difusión y promoción de la ley IVE y el seguimiento del funcionamiento de los servicios.
Mujeres en el Horno
23 de febrero de 2016
Gerardo Debali – semanario La Prensa
Publicado miércoles 24 de febrero de 2016 hora 00:50
Foto Mujeres en el Horno
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