La Intendencia de Maldonado aprobó la resolución N° 05583/2026 que reglamenta el Decreto Departamental N° 4118/2026. Esta iniciativa, impulsada por el jefe comunal Miguel Abella, abarca construcciones existentes al 31 de diciembre de 2025. El objetivo es que la población se ajuste a la normativa, garantizando la seguridad jurídica y el control edilicio.
La nueva reglamentación prevé beneficios específicos en los valores de las tasas a abonar para el trámite. Además, establece que, en caso de que el padrón tenga un gravamen por edificación inapropiada, dicho impuesto se suspenderá de forma provisoria hasta lograr la regularización definitiva.
Para las regularizaciones de viviendas sociales o categorías económicas, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Barrial instrumentará la posibilidad de asignar un arquitecto de oficio. Esta medida está diseñada para aquellos gestionantes en situación de vulnerabilidad que no puedan costear un profesional privado.
Asimismo, el régimen permite la comparecencia de poseedores, tanto registrados como no registrados. Los no inscritos deberán acreditar una posesión pública, continua y pacífica de al menos un año, situación que será evaluada por una Comisión de Análisis creada para atender estos casos especiales.
Desde la administración se aclaró que este trámite produce efectos estrictamente edilicios, urbanísticos y tributarios. Por lo tanto, no reconoce derechos de propiedad ni afecta acciones civiles o judiciales de terceros.
Por otra parte, se determinaron restricciones absolutas que impiden el beneficio a construcciones ubicadas en fajas de defensa costera, zonas con cautelas ambientales, suelos no edificables o terrenos afectados por expropiaciones y servidumbres hidráulicas.
El trámite se puede iniciar bajo un formato simplificado de ventanilla única a través de la Dirección de Administración Documental o directamente en los municipios del departamento. Desde allí se derivará a la Dirección de Control Edilicio de la intendencia.
De acuerdo con lo establecido en la resolución firmada por las autoridades locales, todo este régimen extraordinario y sus facilidades asociadas tendrán una vigencia estricta hasta el 22 de noviembre de 2027 inclusive.
