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El sindicato UNIPOL GR hizo pública una situación de riesgo extremo que afecta a un Sargento de la fuerza. Denuncian que, pese a existir amenazas firmadas por internos del ex Penal de Libertad desde febrero, las autoridades demoraron 10 meses en disponer medidas de protección adecuadas.
La Unión de Policías de la Guardia Republicana (UNIPOL GR) emitió una denuncia pública ante lo que califican como una situación de desprotección. El caso involucra a un Sargento de la unidad, quien además es integrante de la Comisión Directiva del sindicato y fue formalmente amenazado de muerte por privados de libertad de la Unidad 3 (ex Penal de Libertad).
Según el comunicado del sindicato, las amenazas constan en documentos firmados por varios internos y fueron verificadas en expedientes administrativos oficiales. Sin embargo, la organización gremial señala una serie de «fallas institucionales» en la respuesta del comando de la Guardia Republicana, afirmando que las autoridades tenían conocimiento del riesgo desde el mes de febrero y recién dispusieron cambios en diciembre, exponiendo al funcionario durante casi un año.
Falta de respaldo y planificación
Desde UNIPOL GR se denuncia una falta de comunicación fluida entre el comando de la fuerza y el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR). Sostienen que el origen del conflicto se dio en un contexto de «deficiente planificación operativa», donde no se contemplaba el personal necesario para cubrir adecuadamente los días de visita, circunstancia que derivó en las amenazas hacia el directivo.
El sindicato destaca que, tras diez meses de «exposición prolongada al riesgo», las medidas tomadas fueron tardías. Al funcionario se le modificó el horario y el turno de trabajo tras el cambio de unidad, medidas que el gremio observa con preocupación al tratarse de un dirigente sindical activo. El propio involucrado ha manifestado una pérdida de confianza en la estructura de mando respecto a su seguridad personal.
Ante la gravedad de los hechos expuestos, el sindicato responsabilizó directamente a las autoridades de la Guardia Republicana por cualquier consecuencia derivada de esta situación. Entre sus exigencias, solicitan una investigación administrativa urgente para determinar responsabilidades jerárquicas y la aplicación real de protocolos de protección para el personal policial ante amenazas.
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