La viceministra Valeria Csukasi calificó la situación como un «desafío enorme» luego de que la cooperación económica de Estados Unidos desapareciera el año pasado. El Gobierno deberá reubicar fondos propios para procesar los expedientes pendientes.
Uruguay atraviesa una situación compleja en la gestión de solicitudes de refugio, con un retraso acumulado de 30.000 expedientes de migrantes que aún no han sido tramitados. La viceministra de Relaciones Exteriores, Valeria Csukasi, informó este miércoles que la finalización del apoyo financiero que aportaba Estados Unidos ha generado un cuello de botella administrativo que el país intenta resolver con recursos presupuestarios propios.
Según explicó la jerarca, los programas de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) contaban con fondos provenientes en gran medida de EE. UU., pero «esa cooperación desapareció desde el año pasado». Ante este escenario, Uruguay debió reubicar partidas para mantener el trabajo de las oficinas encargadas de evaluar cada caso y garantizar el derecho de los migrantes a recibir una respuesta formal sobre su estatus legal.
En lo que va del año 2025, el país ya ha recibido más de 16.000 nuevos pedidos de refugio. Csukasi insistió en que el Estado tiene la obligación de dar una respuesta a estas personas, ya que «todavía ven en Uruguay una posibilidad de seguir haciendo su vida». El objetivo de la Cancillería es evitar que miles de solicitantes permanezcan en la incertidumbre por falta de capacidad técnica para procesar los documentos.
Como antecedente, se destacó el éxito del programa de Residencia por Arraigo implementado en 2024, que permitió regularizar a unos 20.000 migrantes (en su mayoría cubanos). Aquella medida fue celebrada por Acnur como un paso fundamental para dar estabilidad a quienes ya contribuyen activamente a la sociedad uruguaya y buscan reconstruir sus vidas en un entorno seguro.
Semanario La Prensa / EFE
