La Dirección de Discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social llevó adelante un proceso participativo para construir el Primer Plan Nacional por la Accesibilidad y los Derechos de las Personas con Discapacidad (2025–2030). Este Plan es un paso fundamental para fortalecer y proyectar las políticas públicas en discapacidad con una mirada de derechos.
Entre julio y octubre de 2025 se realizó una gira nacional para presentar la estrategia de trabajo y las bases del Plan. Esta recorrida permitió generar espacios de intercambio con actores clave del territorio, especialmente con organizaciones de personas con discapacidad y con instituciones públicas de los tres niveles de gobierno. El objetivo fue recoger aportes sobre los principales desafíos que el país debe atender.
Cambios en la forma de trabajar la discapacidad en el Estado
Este proceso se dio en un contexto de cambios importantes. En agosto se envió al Parlamento un proyecto de ley que propone crear una nueva institucionalidad para la discapacidad:
- El Instituto Nacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad,
- Una Junta Nacional de Políticas en Discapacidad con carácter supraministerial, y
- Una Comisión Nacional de Participación de las Personas con Discapacidad.
Estas propuestas buscan mejorar la coordinación entre organismos, asegurar la participación activa de las organizaciones y darle a la temática un lugar más sólido dentro del Estado.
El Plan
El Plan está alineado con los principios de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, incorpora recomendaciones del Comité de Naciones Unidas y se articula con la normativa nacional vigente. También integra los compromisos asumidos en el Acuerdo Político Interpartidario y en el programa del actual gobierno.
Este plan mantendrá un carácter abierto y en construcción permanente. Esto implica que podrá incorporar nuevos compromisos, aportes y alianzas con actores estratégicos del Estado, la academia y la sociedad civil, en tanto se considera un instrumento dinámico de política pública orientado a garantizar el ejercicio pleno de derechos y la eliminación de barreras.
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