La iniciativa impulsada por la diputada María Inés Obaldía junto al Proyecto Ikove busca castigar a quienes induzcan al suicidio tras hechos de violencia de género o sexual. El objetivo es cubrir un vacío normativo que hoy impide una respuesta penal adecuada en nuestro país.
Un proyecto de ley que busca tipificar como delito el suicidio femicida ingresó formalmente al Parlamento uruguayo. La propuesta, presentada por la diputada María Inés Obaldía, nace del trabajo conjunto con Proyecto Ikove, un grupo de víctimas de violencia sexual que reclama medidas urgentes de prevención y reparación.
El proyecto define al suicidio femicida como aquel «inducido o determinado de forma posterior a hechos o contextos de violencia basada en género» o cualquier tipo de violencia sexual. Según el texto, la falta de una tipificación específica genera un «vacío normativo» que deja sin respuesta penal a casos donde la violencia previa fue el detonante de la decisión de la víctima.
Penas y prevención
La normativa propuesta establece penas que oscilan entre los cuatro y doce años de prisión. Obaldía señaló en diálogo con EFE que el debate va más allá de lo punitivo: «Confiamos en que si este proyecto sale adelante, la sociedad lo discute, lo valora y lo hace suyo, estaríamos también previniendo«.
Para fundamentar la necesidad de esta ley, el texto toma como referencia cinco casos de mujeres víctimas de violencia machista en Uruguay que terminaron en suicidio y cuyas historias tuvieron gran repercusión pública.
El desafío de la prueba
Dada la complejidad de estos casos, donde muchas veces las víctimas no denuncian de inmediato, la diputada explicó que la denuncia no será la única prueba válida en un proceso judicial. «Habrá que convocar a testigos, estar cerca de los profesionales de la salud y analizar el origen de las depresiones«, ejemplificó Obaldía sobre la importancia de un abordaje multidisciplinario.
Actualmente, El Salvador es el único país de América Latina que tiene tipificado este delito, aunque naciones como Argentina, Brasil y Chile ya han avanzado en discusiones legislativas similares. Esta iniciativa se suma a otro proyecto en estudio que busca que los delitos sexuales contra menores sean imprescriptibles en el país.
EFE / Semanario La Prensa
