El proyecto de ley integral sobre alcohol se basa en la educación e información para gestionar riesgos y prevenir daños asociados a su consumo problemático, definió el presidente Tabaré Vázquez. El texto presentado prevé la creación de un registro habilitante para vender este tipo de bebidas, mantiene el horario de prohibición de comercialización, optimiza las inspecciones y precisa observaciones y multas por no cumplimiento.
“Entendemos que el proyecto sobre consumo problemático de alcohol es prioritario para atender esta cuestión preocupante de la sociedad uruguaya, principalmente entre los jóvenes, embarazadas y conductores de vehículos”, dijo Vázquez en la presentación realizada este lunes 4 en Torre Ejecutiva, sede del gobierno de Uruguay, del texto denominado “Normas para regulación y prevención del consumo problemático de bebidas alcohólicas”.
“Se adopta el paradigma de regulación en contraposición al paradigma de prohibición”, basado en que la fundamentación y objetivo “no es elaborar una ley seca”, pues se entiende que cualquier norma o reglamento de carácter represivo no lleva a una solución, añadió el mandatario, quien fue acompañado por legisladores de todos los partidos y dirigentes empresariales y sindicales del sector de la bebida y actores de la sociedad civil.
“El abordaje está basado en prevención, educación, información, con el fin de gestionar los riesgos y prevenir los daños asociados al consumo problemático”, afirmó. Anunció que las actividades que se regulan son la distribución, la comercialización, el ofrecimiento o suministro a título gratuito, la promoción, el patrocinio o publicidad de bebidas alcohólicas.
Vázquez informó que el texto propuesto al Parlamento prevé crear, en la órbita del Ministerio de Salud Pública (MSP), un registro obligatorio de vendedores de bebidas alcohólicas y actividades conexas, que abarca a toda persona física o jurídica que distribuya, comercialice, venda, ofrezca o suministre bebidas.
El proyecto confirma la prohibición de vender este tipo de bebidas a menores de 18 años, y para toda la población de la hora 00:00 a la 06:00, así como que solo podrán comercializarlas quienes estén inscriptos en el mencionado registro con exposición en la cartelera del local. En otro tramo se señala la prohibición de los concursos, torneos y espectáculos públicos que promuevan la ingesta de bebidas alcohólicas, con excepción de la modalidad de cata o degustación.
En todo espectáculo público se deberá garantizar el acceso a dispensadores gratuitos de agua potable y venderla envasada, indica otro capítulo.
En el etiquetado de los envases deberá estar expuesto claramente el grado alcohólico de la bebida y los mensajes preventivos futuros con mención del riesgo de consumo, añade. La publicidad o auspicio en espectáculos públicos deberá disponer de por lo menos 15 % del espacio, con el fin de destinarlo a los mensajes educativos, preventivos e informativos.
Además, se instaura un mesa coordinadora de fiscalización del mercado, que desarrollará planes estratégicos, “factor fundamental para el apoyo de la ley”, y facilitará dispositivos para sistematización de datos electrónicos. “Se pretende contar con un informe global y que cada inspector que vaya a fiscalizar tenga un protocolo que controle todos los elementos para la aplicación correcta y efectiva de la ley”, dijo Vázquez.
Añadió que las actas en que los cuerpos de inspectores de las distintas reparticiones del Estado documenten actuaciones irán al MSP para diligenciar procedimientos y dictar actos administrativos. En ese sentido, mencionó que, según la gravedad de la sanción, el infractor puede recibir una observación, multa pecuniaria y hasta la posibilidad de suspensión del permiso o la clausura del establecimiento.
El mandatario resaltó que el producido de multas será destinado al fortalecimiento de las acciones preventivas, a la educación, información y preparación de material que llega a la población.
Se establece en la reglamentación que la ley es de orden público, que no tiene rótulo de carácter de urgencia y tampoco carácter impositivo.
Educación, información y prevención
En su extensa alocución, indicó que, a partir de un abordaje intersectorial, se determinan acciones que deben comprender a actores públicos y privados, con el fin de estimular hábitos saludables y consumo responsable con participación de la familia.
Se trata, con esta propuesta, de retrasar, por medio de la educación, la edad de inicio del consumo de alcohol, incorporar políticas públicas y acciones preventivas con énfasis en la conducta de riesgo y promover programas de prevención en el ámbito educativo, comunitario y familiar, e implementación y desarrollo de programas asistenciales para disminuir daños y tratamiento integral de personas afectadas.
El presidente reseñó que, desde marzo de 2015, se convocó a ciudadanos que habían trabajado o a quienes les preocupaba el tema, para generar un grupo de trabajo que analizara la temática e intentara contribuir con la labor parlamentaria, a fin de afrontar una temática que había sido puesta a consideración en los dos períodos anteriores de gobierno (2005-2010) sin acuerdo para promulgar una ley, aunque sí se había logrado un inventario de los principales problemas y consensos.
Ese grupo contó con representantes de los ministerios de Salud Pública, de Economía y Finanzas y de Educación y Cultura, de la Junta Nacional de Drogas, de la Prosecretaría de la Presidencia y de niveles de educación pública de niñez y adolescencia.
Este trabajo se vio complementado con una reunión abierta realizada en Torre Ejecutiva con otros integrantes de la sociedad vinculados con el tema, como estacioneros y representantes de grandes superficies comerciales, recordó Vázquez, tras añadir que el proyecto suplementa al de tolerancia cero de alcohol en sangre para conductores de vehículos y a reflexiones del día nacional sobre consumo que se conmemora cada 15 de octubre, así como con elementos didácticos educativos distribuidos en escuelas y centros de enseñanza media.
“Pretendemos hacer un aporte más a la discusión parlamentaria insustituible y necesaria para ley, porque estamos seguros de que los legisladores enriquecerán la norma que el país necesita”, indicó. “Una tarea educativa e informativa es de principal importancia en esta problemática”, definió Vázquez, quien aludió a que en Uruguay 260.000 personas padecen dependencia y uso problemático de bebidas alcohólicas.
“No hay ley, por buena que sea o por mejor intención que tenga, si no tiene trabajo legislativo o si no logra los consensos políticos y sociales, pasa a ser una saludo a la bandera”, advirtió Vázquez.
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