Lo que no te mostró la TV, te lo cuenta semanario La Prensa. El mismo día de su asunción, el Dr. Tabaré Vázquez ya recibía reclamos de la gente, en este caso, por tema Vivienda. Un grupo de familias se instaló frente al Palacio Estévez, recinto a donde ingresó el presidente luego de finalizada la ceremonia, portando pancartas con las consignas «quiero comprar vivienda», «quiero mi casa».
Se trataba del grupo «Uruguayos apoyamos la declaración de Ley Judicial de Inmuebles Abandonados”, proyecto de Ley que promueve el diputado Alfredo Asti (Asamblea Uruguay- Frente Amplio).
Para conocer mas detalles del reclamo, semanario La Prensa dialogó con la vocera del grupo, Stephanie Silveira (foto), quien manifestó que su presencia allí respondía al apoyo del proyecto de Ley de Astí, que propone que los inmuebles abandonados sean intervenidos por el Estado y pasen a manos del ministerio de Vivienda.
A lo que aspira el grupo es que estos inmuebles, estimados en 43.000 solo en Montevideo, una vez en manos del ministerio, sean destinados a familias que hoy están pagando un alquiler, pero que no cumplen los requisitos exigidos por el ministerio para acceder a una vivienda propia. “Queremos que el monto del alquiler, sean 8, 10 o 12 mil pesos, que pagamos actualmente, sea por nuestra vivienda y no por un arrendamiento de un inmueble que nunca será nuestro” aseguró Silveira.
«Nuestro grupo está formado por familias que no entramos en los planes del ministerio de Vivienda, algunos porque estamos en el clearing, otros porque no llegamos a los ingresos, otros porque no tenemos cuentas en el banco, etc. En el grupo hay personas discapacitadas, mamás con niños con cáncer, entonces los gastos de alquiler, mas el de los niños, mas la alimentación, etc., etc., hace imposible tener capacidad de ahorro, explicó Silveira, agregando «somos gente trabajadora que tiene sueldos normales».
Proyecto de Ley del diputado Alfredo Asti
El diputado Asti, en su proyecto de Ley, sostiene que “cuando el propietario de un inmueble incumpla por 24 meses con los deberes de conservar, cuidar, rehabilitar y restituir previstos en el artículo 37 de la Ley Nº 18.308, Ley de Ordenamiento Territorial, se configuraría la manifestación tácita de abandono. La legitimación activa la tendrán las Intendencias y el MVOTMA (Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente), y los inmuebles declarados en abandono pasaran a la Cartera de Inmuebles del MVOTMA. El Proyecto de Ley establece cómo se configuraría la declaración judicial de abandono tácito de la propiedad, la cual se realizaría previa inspección ocular del juez y dando al propietario la posibilidad de reivindicar la propiedad.
Éste tipo de inmuebles se encuentran hoy en día en una mala condición o sin mantenimiento en la mayoría de los casos, causando perjuicios a propiedades linderas, generando una situación de insalubridad, inseguridad y riesgo edilicio en el barrio. Pero, además del los perjuicios vecinales, hay un mayor perjuicio a toda la Sociedad en su conjunto. La mayoría de estos inmuebles se encuentran en zonas totalmente urbanizadas (alguno sobre la propia avenida 18 de Julio de Montevideo), con todos las potenciales conexiones a servicios públicos (energía, agua, saneamiento, telefonía), pero también son beneficiarios de las inversiones en vialidad, alumbrado, recolección de residuos, transporte público, etc. y también genéricamente al acceso a instalaciones públicas de educación, salud, comercio, recreación, etc. construidos para toda la población potencial de la zona. Toda esta inversión público-privada se pierde parcialmente cuando una porción significativa del área se abandona.
En base a las cifras que nos brinda el último Censo nacional podemos determinar que la cantidad de viviendas vacantes se situó en el entorno de las 43.000. Se trata de viviendas sin residentes habituales al momento del censo, sobre las que no hay indicios que sean de temporada o que estén siendo ofertadas en alquiler o para la venta ni de que estén en construcción o reparación, y que tampoco están ruinosas, destruidas o inhabitables, según las observaciones que hacen los encuestadores desde el exterior. El censo constata que hay potenciales viviendas abandonadas en todo el país y el no tener un instrumento que permita determinar la situación real de cada uno de ellas dificulta la evaluación de la disponibilidad real de vivienda. A estas viviendas debemos sumarles las que están ruinosas, destruidas o inhabitables, las cuales son más de 10.000 en todo el país según los datos del último censo.
Como si esto fuera poco, los propietarios de estos bienes, por diversas razones no están ejerciendo sus derechos y obligaciones como tales y no se afrontan las responsabilidades generadas por el ¨mal uso¨ de los mismos y por lo tanto remediar los perjuicios causados.
Asimismo, la situación empeora cuando ese bien abandonado es ocupado irregularmente por terceros. Un bien ocupado es potencialmente un bien “usurpado” en algunos casos por personas en situación de calle, pero en otros con fines delictivos y en zonas con fácil acceso a lugares de máxima circulación, cerca de lugares comerciales, centros educativos, etc.
Astí concluye su exposición considerando que «si se tiene en cuenta una ciudad integrada e integradora, no se puede permitir que ella pierda parte de su superficie con todos los servicios públicos por el abandono de inmuebles. Si queremos construir ciudadanía, tenemos que construir ciudad y si queremos construirla, tenemos que hacerlo de la mejor forma posible, dando un uso a esa propiedad que sea acorde al interés general.
Gerardo Debali – Semanario La Prensa
Publicado lunes 2 de marzo de 2015 hora 12:34
Fotos semanario La Prensa
Fuente: columnistas.montevideo.com.uy
