El Movimiento por un Uruguay Sustentable apuntó contra el Poder Ejecutivo por la firma de un «Contrato de Inversión» para la producción de combustibles sintéticos. Denunciaron falta de transparencia, «beneficios ilegales» y criticaron con dureza la inoperancia del Parlamento.
La organización ambientalista manifestó este martes 14 de julio su rotundo rechazo a las negociaciones que lleva adelante el gobierno para facilitar la instalación de una planta de combustibles sintéticos de la empresa HIF en Paysandú, cuyo propósito será la exportación.
Desde la organización calificaron el acuerdo como inconveniente y alertaron que, al igual que en casos anteriores, podría comprometer al país durante décadas. Según denunció MOVUS, se trata de un proyecto muy cuestionado que no cuenta con aprobación social, cuyo proceso productivo se aleja del concepto de «Hidrógeno Verde» y se enfoca en combustibles sintéticos sin garantizar que sean carbono neutrales.
Asimismo, expresaron su preocupación ante la posibilidad de que se otorguen condiciones especiales para la compra de electricidad, perjudicando a UTE y ocultando la ineficiencia energética del proyecto.
En el apartado de beneficios ilegales, señalaron que «lo que está más allá de la ley es, por definición, ilegal». De acuerdo con la organización, la Ley N.º 16.906 de Promoción y Protección de Inversiones (1998) solo autoriza a exonerar ciertos impuestos específicos, pero mediante el Decreto 477 de 2008 se habilitó a la Secretaría de la Presidencia a negociar contratos con «contrapartidas especiales», excediendo el marco legal vigente.
Como antecedentes, recordaron los contratos con Montes del Plata en 2011 y con UPM en 2017, donde aseguran que se otorgaron permisos para plantaciones, protecciones de rentabilidad, venta asegurada de electricidad a precios superiores al mercado y derechos sobre el agua por fuera de lo previsto por la ley.
El texto apunta directamente contra la falta de transparencia de las negociaciones, que son llevadas a cabo de forma exclusiva por funcionarios del Poder Ejecutivo. MOVUS hizo hincapié en que este poder genera compromisos a largo plazo para Uruguay sin la intervención del Parlamento ni consulta ciudadana.
En esa misma línea, el movimiento no ahorró críticas hacia el Poder Legislativo, subrayando la «inoperancia de todo el Parlamento«, al que acusan de permitir que decisiones de este impacto queden en manos de un pequeño grupo de funcionarios y burócratas, en lugar de reclamar participación y control.
«Probablemente, después de la firma, veamos dramáticas interpelaciones similares a las de ocasiones anteriores, en las que se intentará expiar culpas aunque sea evidente que no pueden cambiar nada«, disparó el movimiento.
Finalmente, desde MOVUS hicieron un llamado urgente a actuar para derogar o anular por ley el decreto 477-2008 antes de que se concrete la firma con la empresa HIF: «El momento de actuar es ahora (…) Después, solo quedará lamentarse«.
