El Ministerio de Salud Pública convocó a los tres poderes del Estado, la academia y los prestadores de salud con el objetivo de delinear una estrategia común ante el fuerte incremento de los recursos de amparo, los cuales sumaron 1.328 nuevas acciones legales solo en la primera mitad de 2026.
El Ministerio de Salud Pública (MSP) lideró una mesa de trabajo interinstitucional orientada a diseñar una hoja de ruta colectiva sobre tratamientos de alto costo y precio. La iniciativa, encabezada por la ministra Cristina Lustemberg, busca establecer una política de Estado que asegure el acceso a procedimientos y fármacos innovadores bajo criterios de equidad y evidencia científica, con la meta de ordenar y canalizar el volumen creciente de recursos de amparo que desafían la estabilidad económica del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS).
El encuentro reunió en la sede de la cartera sanitaria a representantes de la Suprema Corte de Justicia, las comisiones de Salud del Poder Legislativo, la Institución Nacional de Derechos Humanos, prestadores médicos, la industria farmacéutica, sociedades científicas y delegaciones de las facultades de Medicina y de Derecho de la Universidad de la República (Udelar) junto a universidades privadas. Los participantes coincidieron en que la incorporación de terapias innovadoras en un contexto de transformación tecnológica acelerada representa uno de los mayores desafíos actuales para la gestión sanitaria.
La judicialización del acceso a la salud pública muestra una evolución sostenida en las estadísticas oficiales. Los procesos de amparo pasaron de 331 casos en 2018 a un total de 2.219 durante el año 2025, manteniendo una proyección elevada con 1.328 nuevas demandas presentadas en el primer semestre de 2026. Para dar cumplimiento a estas sentencias judiciales por medicamentos y procedimientos complejos, el Estado uruguayo debió destinar unos 159,5 millones de dólares, contemplando obligaciones de ejercicios anteriores ejecutadas en el último año. Las autoridades advirtieron, asimismo, que una parte significativa de los fármacos reclamados mediante la vía judicial carece actualmente de registro sanitario en el país.
En paralelo a los mecanismos judiciales, el Fondo Nacional de Recursos (FNR) mantiene su cobertura regulada para 45 patologías específicas y financia un catálogo de 87 medicamentos, dentro de los cuales se encuentran 26 biológicos y dos terapias de avanzada. A lo largo de 2025, el FNR costeó 14.474 tratamientos individuales mediante la ejecución de un presupuesto anual cercano a los 460 millones de dólares. Desde el organismo técnico informaron que en la última década el volumen de usuarios con tratamientos oncológicos cubiertos por el fondo experimentó un crecimiento del 142%, en simultáneo con una ampliación de la cobertura destinada a enfermedades raras.
Con el apoyo técnico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Ministerio de Salud Pública dará continuidad a las mesas sectoriales para instrumentar las propuestas surgidas de este ámbito. Actualmente, un equipo multidisciplinario coordinado por la Dirección General de Salud (Digesa) trabaja en la actualización del Plan Integral de Atención a la Salud (PIAS) y del Formulario Terapéutico de Medicamentos (FTM), evaluando bajo metodologías internacionales de sostenibilidad unas 300 solicitudes formales ingresadas por la academia y las organizaciones de pacientes.
