El máximo responsable de velar por los derechos fundamentales alerta sobre definiciones vagas y excesivamente amplias de delitos como “terrorismo, racismo u hostilidad hacia el público” en esos proyectos de ley. En los territorios palestinos ocupados, las organizaciones humanitarias continúan asistiendo a las familias más vulnerables, cuyas condiciones han empeorado aún más por el invierno.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos instó este viernes a las autoridades israelíes a retirar los proyectos de ley que buscan introducir la pena de muerte obligatoria exclusivamente para palestinos en determinadas circunstancias, tanto en el Territorio Palestino Ocupado como en Israel.
Volker Türk indicó que las propuestas actualmente en debate en la Knéset, el Parlamento israelí, reducen el umbral para la aplicación de la pena capital y plantean “graves preocupaciones” por su carácter discriminatorio, la vulneración de las garantías del debido proceso y múltiples violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.
“Cuando se trata de la pena de muerte, las Naciones Unidas son muy claras y se oponen a ella en todas las circunstancias”, afirmó el Alto Comisionado. “Es profundamente difícil conciliar este castigo con la dignidad humana y conlleva el riesgo inaceptable de ejecutar a personas inocentes”.
Türk señaló que los proyectos legislativos contravienen las obligaciones de Israel en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en particular por introducir sentencias de muerte obligatorias que no dejan margen de discreción a los tribunales y vulneran el derecho a la vida.
Además, subrayó que las propuestas serían aplicadas exclusivamente a palestinos, lo que refuerza su carácter discriminatorio. De acuerdo con el Alto Comisionado, el lenguaje de los proyectos de ley y las declaraciones de responsables políticos israelíes indican que estas medidas están dirigidas únicamente contra palestinos, quienes con frecuencia son condenados tras juicios que no cumplen con las normas internacionales de equidad.
Modificación de la legislación en la Cisjordania ocupada
Las reformas previstas modificarían la legislación militar aplicable en Cisjordania ocupada, obligando a los tribunales militares a imponer la pena de muerte en todos los casos de condena por homicidio intencional. Asimismo, se propone enmendar el Código Penal israelí para introducir la pena capital en casos de asesinato intencional de ciudadanos israelíes en actos considerados terroristas.
Türk advirtió que estas disposiciones podrían aplicarse de manera retroactiva a personas condenadas por hechos relacionados con los ataques del 7 de octubre de 2023, lo que violaría el principio de legalidad reconocido en el derecho internacional.
También alertó sobre la inclusión de definiciones vagas y excesivamente amplias de delitos como “terrorismo, racismo u hostilidad hacia el público”.
Finalmente, el Alto Comisionado recordó que el derecho internacional humanitario prohíbe la imposición de la pena de muerte a personas que viven en un territorio ocupado sin las debidas garantías judiciales. Negar a palestinos de Cisjordania y Gaza los derechos a un juicio justo establecidos en el Cuarto Convenio de Ginebra, concluyó, podría constituir un crimen de guerra.
El invierno agrava la situación de los gazatíes
En paralelo, la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) informó que las organizaciones humanitarias en Gaza continúan asistiendo a las familias más vulnerables, mientras las duras condiciones invernales agravan la situación de cientos de miles de palestinos que viven en tiendas improvisadas dañadas por la lluvia, el viento y el oleaje, o en edificios afectados por el conflicto y en riesgo de colapso.
Aunque desde el alto el fuego se han distribuido miles de tiendas de campaña y cientos de miles de lonas y otros insumos, el mal tiempo ha profundizado necesidades ya extremas. Según estimaciones de los socios humanitarios, más de un millón de personas, una de cada dos en Gaza, requiere asistencia urgente en materia de alojamiento. A esto se suman serias dificultades en la gestión de residuos sólidos, debido a infraestructuras dañadas, falta de combustible y restricciones de acceso a vertederos.
La ONU advirtió además que las recientes medidas de Israel para restringir o dar de baja a organizaciones no gubernamentales internacionales podrían afectar gravemente las operaciones humanitarias. Estas organizaciones proveen gran parte de los servicios esenciales de salud, agua, saneamiento y nutrición en Gaza y son fundamentales para sostener la respuesta humanitaria, especialmente durante los meses de invierno.
En Cisjordania, OCHA afirma que continúa la destrucción de 25 edificios en el campamento de Nur Shams. Estas viviendas pertenecen a unas 70 familias, que han sido desplazadas del campamento, junto con muchas otras durante el último año. La Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) señaló que la semana pasada prestó apoyo a más de 1600 familias desplazadas de los campamentos de Jenin, Tulkarm y Nur Shams.
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