Ferrés defendió política nacional de drogas que contempla al individuo como sujeto de derechos. El secretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés, encabezó un diálogo sobre derechos humanos y políticas de drogas, con foco en gestión de riesgos y reducción de daños. Dijo que la visión del Gobierno acerca del tema es integral, centrada en acciones que consideran a las personas sujetos de derechos que necesitan la garantía y el amparo de acciones fuertes y sostenibles del Estado, pero con respeto a su autonomía y libertad.
El encuentro denominado Diálogo Hemisférico sobre Derechos Humanos y Políticas de Drogas: Una Mirada desde el Enfoque de la Gestión de Riesgo y la Reducción de Daños se desarrolló este lunes 23 en la Torre Ejecutiva. Coordinado por la Junta Nacional de Drogas (JND) y dirigido a representantes de los estados miembro de la Organización de Estados Americanos (OEA), entidades internacionales, la sociedad civil, la academia y expertos en la temática, su finalidad fue generar un intercambio sobre la materia.
Uno de los oradores en la apertura fue Ferrés, quien también preside la JND. Estuvo acompañado por el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (Cicad) de la OEA, Adam Namm, y el coordinador residente de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Uruguay, Pablo Ruiz Hiebra. También participó el titular de la Secretaría Nacional de Drogas (SND), Daniel Radío.
Ferrés recordó que Uruguay dirige la Cicad hasta diciembre de 2024 y que ha trabajado en Latinoamérica en la prevención y gestión de riesgos de personas adictas a diferentes sustancias, sobre la base de la contención familiar y sus derechos, incluidas la atención en salud mental y la prevención a través de centros interdisciplinarios. Mencionó la importancia de ayudarlos desde el Estado y la sociedad, sin discriminarlos ni estigmatizarlos. En este contexto, remarcó que el excesivo prohibicionismo no conllevó buenos resultados.
El jerarca dijo que el país promueve, desde hace años, la integración de los instrumentos de derechos humanos en políticas de drogas y así se han plasmado en las estrategias nacionales que los distintos gobiernos nacionales han implementado. “Se encaminaron iniciativas que parten de la necesidad de desarrollar políticas equilibradas, integrales, centradas en la persona, así como en las comunidades que forman parte de los contextos de las personas, y en el pleno respeto de los derechos y garantías en todas sus dimensiones”, relató.
Además, consideró que se requiere un Estado presente, responsable de velar, garantizar y proteger los derechos y generar acciones para su ejercicio pleno. Resaltó que la visión del Gobierno es integral, con una concepción de universalidad en el tratamiento del tema, indivisibilidad, interdependencia y complementariedad.
El funcionario abogó por focalizar las políticas de drogas en las personas como sujetos de derechos, “en quien está sufriendo”, necesita de su familia, de sus amigos, pero también en la garantía y el amparo de políticas fuertes y sostenibles del Estado, y reconocer su autonomía, libertad y responsabilidad. Insistió en la protección de la salud como un concepto integral, de inclusión social y justicia, y en elaborar medidas concretas dirigidas a poblaciones vulnerables, reducir brechas de acceso a dispositivos de atención y tratamiento, y a sistemas de justicia para quienes lo requieran.
Nammi opinó que las políticas bien formuladas y operativas resuelven de forma asertiva los problemas o necesidades de la ciudadanía y permiten a los estados avanzar hacia sociedades más justas, saludables y felices. Aseguró que “el éxito de las políticas públicas se basa en centrar las acciones en las personas, de manera que se preserve su dignidad, sus derechos y su bienestar”. Defendió que, en el hemisferio occidental, las políticas de drogas integren los derechos humanos, protejan y prevengan cualquier daño asociado, y garanticen la no repetición de violaciones a los derechos.
En diálogo con la prensa, Radío coincidió en la importancia de introducir la perspectiva de derechos humanos en el abordaje de cuestiones de drogas. Expresó que el informe de la ONU que se considera en este encuentro incluye un punto de vista novedoso, vinculado a “cambiar el chip” y abandonar una visión histórica que no dio resultado.
Apoyó la gestión de riesgos y la reducción de daños, que, entiende, es lo que toda persona realiza en distintos ámbitos de la vida cotidiana y no debe ser ajeno en el tema del consumo de sustancias de forma problemática. Además, negó que haya que tocar fondo para ocuparse. “Es un tema del que, como sociedad, tenemos el deber de hacernos cargo”, sostuvo, y añadió que existe un cambio impulsado desde el referido hemisferio, que coincide con la visión de Uruguay.
