Este jueves 8 de enero se publicó en la web de COMAP el nuevo decreto reglamentario del régimen general de la Ley de Promoción de Inversiones y sus correspondientes criterios generales, que contienen una serie de medidas para incentivar proyectos de inversión con sustancia.
La nueva normativa reconoce que “el crecimiento económico del país es una de las tres prioridades” de la actual administración, y señala que “la inversión constituye una prioridad estratégica” para concretar este crecimiento.
El nuevo decreto, sustituto del Nº 268/020, moderniza la matriz de indicadores. En este sentido se prioriza el empleo en los grupos poblacionales que tienen mayores dificultades de acceso al mercado de trabajo y se promueve la descentralización de la inversión en los departamentos del Uruguay que hoy sufren las principales problemáticas de empleo y pobreza. Por otro lado, se hace especial foco en incentivar la productividad de las empresas, a través de la actualización del indicador de Investigación, Desarrollo e Innovación que pasa a denominarse I+, así como también incentivando formas de producción ambientalmente sostenibles a través de la sustitución del actual indicador Tecnologías Limpias por Sostenibilidad Ambiental. Por último, se ha definido una serie de actividades y sectores considerados estratégicos para el país que recibirán un mayor puntaje en la matriz de indicadores.
Asimismo, se hace especial énfasis en generar un marco que democratice el acceso a la herramienta de incentivo a la inversión, principalmente para las micro, pequeñas y medianas empresas las que recibirán incentivos adicionales. A las micro y pequeñas empresas se les otorgarán 15 puntos porcentuales adicionales de beneficio del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE) y dos años extra para su utilización. En el caso de las empresas medianas con hasta 50 empleados, se otorgarán 10 puntos porcentuales adicionales de exoneración de IRAE y un año extra para su utilización. Por otra parte, se ha eliminado la restricción del tope de las 3,5 millones de Unidades Indexadas(UI), aproximadamente 500 mil dólares, que tenían las MiPEs para acceder a los beneficios adicionales y se habilita que aquellas empresas que no cuenten con contabilidad suficiente puedan acceder a la herramienta, presentando en la instancia de control y seguimiento su declaración jurada de IRAE.
Este decreto también busca priorizar proyectos de mayor porte que generen externalidades positivas en materia de empleo y productividad. Por esta razón, el nuevo decreto establece que los proyectos con una inversión superior a 180 millones de UI, es decir unos 30 millones de dólares aproximadamente, accederán a una exoneración del 100% de IRAE cuando sean presentados antes del 31 de diciembre de 2027, culminen sus inversiones antes del 31 de diciembre de 2029 y obtengan al menos 5 puntos en el indicador de Generación de Empleo y 4 puntos en el indicador de I+.
Los proyectos cuyo monto de inversión superen los 300 millones de UI, se presenten hasta el 31 de diciembre de 2028, ejecuten las inversiones antes del 31 de diciembre de 2031, y obtengan al menos 5 puntos en el indicador de Generación de Empleo y 4 puntos en el indicador de I+, también tendrán una exoneración de IRAE de 100%.
Estas modificaciones normativas están siendo acompañadas de cambios en el funcionamiento y los procesos de la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (COMAP), teniendo como principal eje la agilidad. Para ello se están incorporando nuevas tecnologías que mejorarán la experiencia de quienes utilizan la herramienta, así como el proceso de control y seguimiento de los proyectos.
El Decreto Nº 329/025 comenzará a regir a partir del 1º de febrero y permitirá que las empresas cuyos proyectos de inversión sean declarados promovidos accedan a una exoneración de IRAE por un porcentaje de la inversión de hasta el 100%. Además, estarán exoneradas del Impuesto al Patrimonio, del pago de tasas y tributos a la importación de bienes no competitivos con la industria nacional, y obtendrán certificados de crédito del Impuesto al Valor Agregado por las compras de insumos, equipos y servicios adquiridos localmente.
