Ante la inminente firma del contrato de inversión por parte del Gobierno Nacional con la empresa Aratirí, el Movimiento pro-Plebiscito Nacional Uruguay Libre de Minería Metalífera a Cielo Abierto emitió este martes un comunicado de prensa calificando al mismo como improcedente e inconstitucional, además de igualar a la firma Aratirí con Leadgate, responsable del vaciamiento de Pluna.
Al respecto, el comunicado expresa: «Aratirí, al igual que Leadgate, es una firma especuladora típica, sin antecedentes mineros, creada en 2005 en un paraíso fiscal, que se dedica a armar y vender proyectos. Por sus impactos económicos, sociales y ambientales, conceder a Aratirí la explotación de Valentines puede traer perjuicios mayores aún que los vividos con la línea aérea nacional» expresa parte del comunicado que publicamos a continuación.
Mas abajo podrán ver un video donde distintos actores de la sociedad uruguaya se unieron para decirle NO a la mega minería a cielo abierto en Uruguay.
Campaña de recolección de firmas: Donde firmar en Piriápolis, Pan de Azúcar y Maldonado
Como es de público conocimiento, se viene realizando la campaña de recolección de firmas Pro Plebiscito Nacional Uruguay Libre de Minería Metalífera a Cielo Abierto. En Maldonado, en forma paralela, también se juntan firmas para prohibir la mega minería a nivel departamental.
Los interesados en firmar una u otra o ambas papeletas lo pueden hacer en los siguientes lugares:
Pan de Azúcar: Veterinaria Hugo Arellano – Félix de Lizarza casi Lavalleja
Piriápolis: Todos los sábados en feria vecinal (al lado de Terminal de Ómnibus)
De domingos a lunes: Con Andrés Martínez Reggio – Zufriateguy y Nizza
Solís Grande – Brio. Bella Vista:
María Masquelín – Tel: 4438 0897 – Cel: 099866114
Comunicado de prensa
Montevideo, 7 de enero de 2014.
GOBIERNO PRETENDE FIRMAR CON ARATIRÍ OTRO CONTRATO LESIVO PARA EL PAÍS
Los últimos anuncios del Poder Ejecutivo sobre la firma inminente del contrato de inversión con la empresa Aratirí evidencian que el gobierno pretende imponer la minería metalífera a cielo abierto en gran escala a contrapelo de normas constitucionales y legales, avasallando los procedimientos y opiniones técnicas de la Dinama y, en última instancia, careciendo de los respaldos sociales y políticos imprescindibles para tomar una decisión de esa envergadura.
Improcedencia del contrato
Luego del Consejo de Ministros del 27 de diciembre, el prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa, anunció que «a más tardar, el 20 de ese mes (enero) firmarán el contrato con Aratirí».
La firma de este contrato se haría en el marco de la Ley de Minería de Gran Porte (N°19.126), una ley aprobada solo con los votos del oficialismo cuya constitucionalidad fue cuestionada ya en el Parlamento. En la actualidad, esta ley es objeto de una acción de anulación por inconstitucional presentada por el fiscal Enrique Viana y se preparan otras acciones similares por parte de los productores rurales directamente afectados por la explotación minera en sus predios.
La Ley 19.126 viola el principio de igualdad del Articulo 8o. de la Constitución al otorgar beneficios extraordinarios a esta actividad y esto se agrava porque el gobierno eligió a su contraparte, Aratirí, sin utilizar un procedimiento de selección objetivo entre distintos interesados. También viola el Artículo 47o. sobre la preservación del medio ambiente, al permitir la megaminería incluso en áreas naturales, destruyendo de manera irreversible ecosistemas de tierras, pastizales, ríos, arroyos y acuíferos con poblaciones asentadas y actividad productiva permanente.
La firma ahora de un contrato se haría sin que se hayan reglamentado aspectos fundamentales de la cuestionada ley, como las mejores prácticas mineras del Artículo 5o. o el plan de cierre del Artículo 13o. Además, previo a la firma y de acuerdo con el Artículo 27o. de la Ley 19.126, la empresa debería gestionar un aval bancario u otra forma de garantía por el 5% de la inversión prevista que, según las cifras de Aratirí, debería ser por 160 millones de dólares.
Todo esto cuando estamos conociendo las consecuencias de un proceso semejante en la gestión de PLUNA. Al igual que Leadgate, Aratirí es una firma especuladora típica, sin antecedentes mineros, creada en 2005 en un paraíso fiscal, que se dedica a armar y vender proyectos. Por sus impactos económicos, sociales y ambientales, conceder a Aratirí la explotación de Valentines puede traer perjuicios mayores aún que los vividos con la línea aérea nacional.
Subordinación de la Dinama
Pero, además, el gobierno vulnera el proceso técnico de evaluación de emprendimientos de alto impacto social y ambiental al querer firmar el contrato con Aratirí sin que el proyecto haya pasado las instancias legales requeridas de aprobación, a saber: la aceptación por la Dinama del estudio de impacto ambiental, la puesta de manifiesto del proyecto, la audiencia pública y la resolución final. Se ejerce así una presión indebida sobre las atribuciones de la autoridad ambiental.
La imposición de la decisión presidencial sobre la autoridad ambiental se consuma por la inclusión de plazos para las autorizaciones. Además de indebidos, los plazos son arbitrarios, porque en contra de lo publicado por Aratirí, esta empresa aún no ha presentado toda la documentación requerida, tal como declaró a la prensa el director de la Dinama, Jorge Rucks. ¿Con qué criterio la Presidencia puede fijar entonces los plazos de autorización ambiental del proyecto?
Intentando minimizar la importancia de este aspecto, el asesor de la Presidencia, Pedro Buonomo, dijo que ese cronograma «no obliga al gobierno a cumplir los plazos» en cuanto al otorgamiento de las autorizaciones ambientales. ¿Quién puede creer que en un contrato firmado entre el gobierno uruguayo y una empresa extranjera se incluyan condiciones y plazos no vinculantes?
Subdivisión de la evaluación
Buonomo declaró asimismo que «Lo que eventualmente puede pasar es que, una vez dada la autorización ambiental al proyecto minero, quede el trazado del mineroducto por aprobar» y agregó que el contrato incluye la posibilidad de dar autorizaciones ambientales parciales.
Un año atrás, el ministro de industrias, Roberto Kreimerman, y Buonomo habían anunciado la idea de acelerar la aprobación del proyecto de Aratirí mediante la subdivisión de la evaluación. En esa ocasión, el director de la Dinama, Jorge Rucks, rechazó esta posibilidad en base a que el proyecto de extracción del hierro propuesto es uno solo y no se puede evaluar por partes.
«Dinama no puede autorizar por separado partes del proyecto minero hasta que Aratirí presente la información de la terminal portuaria» (Título de la entrevista a Jorge Rucks publicada el 21 de marzo de 2013 en el Semanario Búsqueda.)
Es evidente que el proyecto de Aratirí es uno solo; los propios representantes de la empresa han dicho que «no hay mina sin puerto y no hay puerto sin mina». Solo el deseo de llegar a cualquier costo a la firma de un contrato puede explicar la pretensión de subdividir la evaluación. Si se acepta una evaluación parcial del distrito minero, luego será inevitable aceptar las otras partes, el mineroducto y el puerto, porque de lo contrario el proyecto sería inviable.
Entre otros aspectos técnicos que demuestran la unidad del proyecto, debe tenerse en cuenta que Aratirí prepone descargar en el océano las aguas contaminadas provenientes del drenaje ácido de las minas, las pilas de roca estéril, el embalse de relaves y la reserva de agua bruta a través del mineroducto y un emisario submarino paralelo a la terminal portuaria. ¿Cómo se podría iniciar la actividad en las minas sin saber cómo y adónde son descargadas esas aguas?
Sin licencia política ni social
El proyecto de Aratirí ha generado una oposición en la sociedad y el sistema político uruguayos que invalida la pretensión del gobierno de firmar un contrato de inversión con esta empresa.
Tras una declaración inicial del presidente Mujica de que este tema sería resuelto en un plebiscito, el gobierno convocó a una Comisión Multipartidaria que acordó a fines de 2011 los lineamientos políticos para tratar la minería de gran porte. Sin embargo, la propuesta del Poder Ejecutivo y el trámite de aprobación parlamentario de la Ley 19.126 ignoró aquellos lineamientos e hizo caer el acuerdo. La Ley de Minería de Gran Porte nació huérfana del necesario apoyo político.
Paralelamente a este proceso, se desarrolló un amplio movimiento social en defensa de la tierra, el agua y los bienes naturales que se ha expresado en cinco marchas nacionales en la capital y otras tantas en el interior, la recolección de firmas en varios departamentos e incluso la adopción por gobiernos departamentales de normas que prohíben la minería metalífera a cielo abierto en su territorio. Se refleja por último en la campaña por la realización de un plebiscito nacional.
Señores del gobierno: no se puede firmar un contrato con Aratirí en estas condiciones.
Si quieren tener la legitimidad política y moral para hacerlo, acepten la realización de un plebiscito nacional o, al menos, sométanlo expresamente a votación en las próximas elecciones nacionales, dejando claro algo que no figuraba hasta ahora en vuestro programa de gobierno.
URUGUAY LIBRE
(Movimiento pro-Plebiscito Nacional Uruguay Libre de Minería Metalífera a Cielo Abierto)
URUGUAY EN PIE DE GUERRA CONTRA ARATIRI
Video: Uruguay contra la minería a cielo abierto (figuras de la cultura y los medios)
Figuras como Cristina Morán, Osvaldo Laport o Julio Frade se unieron para rechazar la megaminería en Uruguay, participando en un video en el que ennumeran los efectos negativos que dicha actividad tendrá en el país. Se trata de una campaña del Movimiento Por un Uruguay Sustentable, integrado por vecinos y productores rurales de las zonas afectadas por Aratirí. Video
Actores como Osvaldo Laport y Cristina Morán, comunicadores como Miguel Nogueiras, Silvia Kliche y Eunice Castro, y los músicos «Pinocho» Routin, «Pitufo» Lombardo, Dani Umpi y Julio Frade, entre otros, se unieron para participar de un video en rechazo a la megaminería en Uruguay.
El video responde a una campaña del Movimiento Por un Uruguay Sustentable, un grupo de vecinos y productores rurales de las zonas de Valentines, Cerro Chato y Rocha, que se sienten afectados por la instalación de la empresa minera Aratirí.
En el video, las figuras remarcan que «Uruguay está en peligro» porque la megaminería afectará a los pequeños y medianos productores, ya que contaminará la tierra y el agua. Según afirman, los daños serán «irreversibles» y los emprendimientos no son compatibles con el «Uruguay Natural».
En ese sentido, los famosos instan a aprobar una ley que prohíba la minería a cielo abierta en el país.
El lanzamiento de la campaña se produjo este jueves en el Ateneo de Montevideo, y contó con la participación de los integrantes del movimiento y algunas de las figuras que participaron del video.
En un comunicado, el movimiento agrega que «Observamos poca receptividad de las autoridades y el intento de sustituir a la ciudadanía por acuerdos interpartidarios cuando ningún partido propuso antes alguna política al respecto. Informaciones recientes indican que existen importantes sectores de la población contrarios a esos proyectos. La ciudadanía debe ser escuchada y este es otro llamado de atención en esa dirección».
También participan del video Christian Cary de La Triple Nelson, Ney Perazza, Gastón Pepe de Cuatro Pesos de Propina, Pelusa Vera, Carmen Morán y Daniel Drexler.
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