Expertos independientes de las Naciones Unidas enviaron una carta al Ejecutivo argentino manifestando su «profunda preocupación» por la reforma que permitiría la actividad minera en zonas cercanas a los campos de hielo. Advierten que están en riesgo derechos humanos fundamentales y el acceso al agua potable.
Cuatro relatores de las Naciones Unidas expresaron su preocupación por el proyecto de ley que se debate en Argentina y que propone modificar la ley de protección de glaciares, aprobada en 2010, para permitir la actividad minera en zonas cercanas a los campos de hielo.
«Quisiéramos expresar nuestra preocupación por el posible impacto que dicha iniciativa podría tener sobre el cambio climático y en el goce efectivo de los derechos humanos», señalaron en una misiva los relatores, expertos independientes nombrados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
La carta, dirigida al Gobierno de Javier Milei, lleva las firmas de expertos en derechos humanos, empresas transnacionales, medio ambiente, derechos de los pueblos indígenas y acceso al agua potable. En el texto, los especialistas indicaron que están en juego derechos reconocidos en las obligaciones internacionales asumidas por la vecina orilla.
El proyecto, impulsado por el Ejecutivo argentino, busca otorgar a las provincias la potestad de determinar las zonas periglaciales (cercanas a los glaciares) en las que se podrían permitir las actividades mineras. Esta iniciativa modifica la Ley de Glaciares de 2010, una norma pionera en la región que establece la protección de estas áreas como reservas estratégicas de agua.
Desde el Gobierno de Milei se alegó que esta modificación es necesaria para contribuir al desarrollo económico a través del impulso a la minería, sector que actualmente registra fuertes inversiones en litio, cobre y oro. Sin embargo, los relatores de la ONU cuestionaron el desplazamiento desde un régimen de prohibiciones claras hacia un esquema de determinación «caso por caso», además de señalar la falta de participación social amplia en el debate.
La reforma ya fue aprobada por el Senado argentino el pasado 26 de febrero y ahora deberá ser tratada en la Cámara de Diputados. El contenido de la carta fue difundido este jueves por organizaciones ambientalistas como Greenpeace y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
Antecedentes: Tensión y detenciones frente al Congreso
La tensión por esta reforma se había hecho presente días atrás, cuando una docena de ambientalistas de Greenpeace fueron detenidos tras ingresar a la escalinata de acceso al Congreso argentino en protesta contra el proyecto de reforma, horas antes de que se iniciara su tratamiento en el Senado.
Fuentes de Greenpeace confirmaron en aquel momento la detención de al menos doce personas, quienes habían saltado la reja que protege la sede del Legislativo para realizar una protesta simbólica en la explanada de acceso al edificio histórico. Allí instalaron inodoros y un cartel con la frase: “Senadores: no se caguen en el agua”.
La Policía Federal utilizó gas pimienta para dispersar la manifestación y se llevaron a los manifestantes. En medio del operativo también fue detenido un camarógrafo del canal de televisión A24, identificado como Facundo Tedeschini, quien estaba cubriendo los hechos. Las detenciones fueron realizadas bajo la figura de “averiguación de delito”, indicaron fuentes policiales.
Desde Greenpeace calificaron la acción como “directa y pacífica” y advirtieron que la reforma legislativa podría debilitar la protección de las fuentes de agua del país. “Lo que los senadores decidirán es si protegen las fuentes de agua de Argentina o abren la puerta a intervenir zonas que la ley vigente protege”, afirmó Diego Salas, director de programas de la organización.
El Senado ya dio el primer paso hacia la reforma
Tras la jornada de protestas, el Senado de Argentina aprobó el pasado 27 de febrero y giró para su discusión en la Cámara de Diputados el proyecto impulsado por el Gobierno que busca fomentar los proyectos mineros en áreas cercanas a los glaciares. La iniciativa fue aprobada por 40 votos a favor, 31 en contra y una abstención.
La normativa modifica la Ley de Glaciares aprobada en 2010, estableciendo que las provincias tengan la potestad de determinar las zonas periglaciales donde se permitan las actividades mineras. El Gobierno alegó que esto es necesario para el desarrollo económico, especialmente en sectores de litio, cobre y oro.
Por su parte, las empresas mineras sostienen que no todos los ambientes periglaciales constituyen «reservas estratégicas de recursos hídricos» y que una evaluación caso por caso podría habilitar proyectos en áreas «sin función hídrica relevante». Sin embargo, varios senadores de la oposición cuestionaron la iniciativa oficial por presentar «vicios constitucionales» y desproteger los recursos naturales.
En Argentina, aunque no existe un registro nacional de proyectos mineros en ambientes glaciales, los ambientalistas advierten que la cifra de proyectos ha crecido explosivamente: solo en los tres últimos años la cantidad de proyectos en el país saltó de 160 a 325, muchos de los cuales podrían afectar las zonas adyacentes a los glaciares.
EFE / Redacción Semanario La Prensa
