Con 27 votos en 29 —el respaldo del Partido Nacional y la mayoría del Frente Amplio, y el rechazo del Partido Colorado—, el legislativo departamental dio anuencia para recategorizar padrones rurales al noroeste de Pueblo Obrero. El trámite, que lleva siete años, reavivó las críticas de organizaciones ambientales y de sectores de la oposición por la falta de aprobación del Plan Local de Ordenamiento Territorial.
La Junta Departamental de Maldonado aprobó en su sesión ordinaria del martes 10 de noviembre el expediente 628/2026, remitido por la Intendencia Departamental, correspondiente al Programa de Actuación Integrada (PAI) Piria. La resolución otorga la anuencia legislativa para transformar de rural a suburbano el uso del suelo de padrones ubicados en la tercera sección catastral del departamento, al noroeste de Pueblo Obrero y al norte de Playa Grande.
La iniciativa contó con los informes favorables de las comisiones de Planeamiento, Obras Públicas y Legislación, y alcanzó una amplia mayoría de 27 votos afirmativos sobre 29 ediles presentes en sala. Sin embargo, detrás del resultado numérico, la discusión dejó al descubierto profundas diferencias políticas y técnicas sobre el modelo de desarrollo urbanístico para la zona oeste del departamento.
Los reparos por la conectividad y los lotes más chicos
Desde la bancada del Frente Amplio, el edil Juan Urdangaray adelantó que acompañaría el expediente por disciplina partidaria, pero dejó en claro su rechazo personal y el de su sector al proyecto. Apoyado en cartografía del Sistema de Información Geográfica (GIS) de la Intendencia, advirtió que el decreto aprobado contiene un error técnico en materia de accesibilidad: señala la conexión desde Pueblo Obrero a través de la calle Rincón, cuando en los hechos esa arteria no llega de forma directa desde la Ruta 37 ni desde Pueblo Obrero hasta el futuro fraccionamiento, dejando como única vía la calle Ituzaingó tras atravesar un padrón lindero.
Urdangaray sostuvo que se repite el problema advertido semanas atrás con el fraccionamiento Pueblo Arenas, generando un efecto «tapón» que dificulta la conectividad de otros cuatro PAI que se encuentran en estudio en la misma área. Asimismo, alertó que el proyecto plantea lotes de 600 metros cuadrados con 17 metros de frente —cuando la normativa actual de la zona exige terrenos de 1.000 metros cuadrados y 20 metros de frente—, lo que, a su entender, deja servida una futura solicitud de excepción ante la Junta Departamental.
El curul frenteamplista también cuestionó que el expediente haya estado siete años en trámite desde su presentación en diciembre de 2019 mientras el Plan Local de Ordenamiento Territorial de Piriápolis —iniciado ese mismo año por resolución del Ejecutivo— permaneció «encajonado» sin aprobación, habilitando intervenciones fragmentadas en lugar de una planificación integral.
La postura del Partido Colorado: «Coherencia» y espera del Plan Local
El único voto negativo en sala provino de la banca del Partido Colorado. El edil Ignacio Garateguy ratificó que su fuerza política mantiene la misma línea fijada dos semanas atrás ante un expediente similar: no acompañar ningún PAI ni excepción en Piriápolis ni en la microrregión de Solís Grande hasta que no esté aprobado el Plan Local de Ordenamiento Territorial.
Garateguy cuestionó duramente a los ediles de otros partidos que reciben en comisión a los colectivos vecinales y ambientales, elogian su trabajo y luego votan a favor de los fraccionamientos en el plenario. «Cuando tenemos a la gente enfrente le decimos una cosa y a la hora de votar nos olvidamos del ambiente», señaló, reclamando coherencia política y respeto hacia las organizaciones que vienen trabajando en la defensa del territorio.
El debate por la cuenca del arroyo Zanja Honda y la fauna silvestre
Uno de los puntos más álgidos de la noche giró en torno al petitorio presentado por 13 organizaciones sociales y ambientales de la zona oeste, que solicitaron una veda cautelar para frenar las recategorizaciones de suelo hasta contar con el Plan Local y reclamaron estudios de impacto acumulativo sobre el sistema hídrico, los pluviales y la cuenca del arroyo Zanja Honda, lindera al emprendimiento.
Desde el Partido Nacional, el edil Fernando Perdomo rechazó los argumentos de los colectivos ambientales y defendió la legalidad del trámite. Explicó que, según lo informado en comisión por los técnicos de la Intendencia Guillermo Ahlers y Mónica Facio, la normativa vigente permite aplicar medidas cautelares puntuales sobre un padrón específico ante un problema concreto, pero no una veda general sobre todo Piriápolis en base a un plan que aún no existe.
Perdomo leyó fragmentos de la nota presentada por las 13 organizaciones, en la que se advertía que la zona es hábitat de especies silvestres como guazubirá, carpincho, comadreja overa, zorro gris de campo, apereá, ñacurutú, coatí, tucu-tucu, gato montés, pavas de monte, águila mora, chajá, ñandú, lagarto overo, pecarí, mano pelada y lobito de río. Al respecto, el edil nacionalista ironizó sobre el planteo y contrapuso la preservación de esas especies con la demanda habitacional: cuestionó que se pretenda impedir el acceso a terrenos y vivienda a la clase obrera de Piriápolis por la presencia de fauna silvestre en el predio.
Avales ministeriales y exigencias ambientales del decreto
En defensa de la iniciativa también intervino el edil nacionalista Fabricio Rodríguez, quien destacó que el expediente atravesó siete años de evaluaciones técnicas y cuenta con el informe de correspondencia favorable de la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial (Dinot) y la aprobación sin objeciones del Ministerio de Ambiente.
Rodríguez subrayó que el proyecto original fue modificado a instancias de la propia Intendencia para mejorar el trazado pluvial y reducir el impacto humano, y remarcó que el artículo 12 del decreto aprobado obliga al desarrollador a preservar el cauce y los niveles naturales de la planicie, mantener la vegetación de humedal en una franja superior a cinco metros alrededor del espejo de agua y evitar la propagación de especies exóticas invasoras. Además, cuestionó que ninguna de las 13 organizaciones firmantes haya participado en la audiencia pública del proyecto y las desafió —junto a la oposición— a presentar formalmente una solicitud de veda cautelar ante la Junta en lugar de hacer «discursos para la tribuna».
Fundamentos divididos en la bancada del Frente Amplio
Tras la votación, varios ediles frenteamplistas explicaron el sentido de su voto afirmativo:
- Leonardo Pereira señaló que acompañó el proyecto por mandato orgánico de su bancada, pero insistió en que la Junta sigue cometiendo el error de analizar el territorio de Piriápolis «en pedacitos», recordando que en casos como la cuenca de la Laguna del Sauce sí se aplicaron medidas cautelares mientras se elaboraba el plan de ordenamiento.
- Marcelo González sostuvo que el PAI cumple con la legalidad vigente y cuenta con el visto bueno de los organismos nacionales. Si bien compartió la necesidad de mirar a Piriápolis de forma integral como una ciudad en expansión, valoró que la subdivisión y comercialización de lotes en cuotas puede abrir una oportunidad de acceso a la tierra para los vecinos y las generaciones jóvenes de Pueblo Obrero, al tiempo que exhortó a identificar tierras públicas para políticas de vivienda social.
- Juan Urdangaray reiteró su discrepancia con el proyecto, defendió el derecho de los ediles y vecinos a opinar sobre ordenamiento territorial sin necesidad de poseer títulos técnicos y reclamó revisar los horarios de las audiencias públicas —que suelen realizarse al mediodía en horario laboral— para garantizar una participación ciudadana real.
Con la aprobación legislativa, el expediente regresa ahora al Ejecutivo departamental para continuar con las etapas administrativas previas a la presentación del proyecto definitivo de fraccionamiento.
Claves para entender qué es el PAI Piria y por qué genera debate
¿Qué es un PAI?
Un Programa de Actuación Integrada (PAI) es una herramienta prevista en la Ley Nacional de Ordenamiento Territorial (Ley N.º 18.308) que permite transformar el uso de un terreno —en este caso, pasar de suelo rural a suelo suburbano— para habilitar futuros fraccionamientos, loteos y urbanizaciones.
Aprobar un PAI no autoriza de inmediato a construir o vender terrenos, pero sí habilita el cambio de categoría del suelo y fija las reglas básicas (tamaño mínimo de lotes, calles, espacios públicos y resguardos ambientales) para que luego el desarrollador presente el proyecto definitivo de fraccionamiento.
¿Quiénes apoyan el proyecto y qué beneficios señalan?
El proyecto fue impulsado por privados, remitido por la Intendencia Departamental de Maldonado y aprobado en la Junta con los votos del Partido Nacional y la mayoría del Frente Amplio. Quienes lo respaldan destacan los siguientes beneficios:
- Acceso a terrenos y vivienda: Permite generar nuevos lotes (planteados en 600 m² con 17 metros de frente) que, al comercializarse en cuotas, pueden facilitar el acceso a la tierra a familias trabajadoras y jóvenes de la zona de Pueblo Obrero y Piriápolis.
- Impulso económico y empleo: Promueve la inversión privada y dinamiza el sector de la construcción, considerado uno de los principales motores laborales del departamento.
- Tierras para el Estado y resguardos legales: Por ley, el desarrollador debe ceder gratuitamente un 10 % de la superficie para uso público del gobierno departamental. Además, el decreto exige preservar el cauce natural y mantener una franja de vegetación de humedal de más de 5 metros alrededor del espejo de agua.
- Avales técnicos vigentes: Cuenta con siete años de estudio técnico y con la aprobación de la Intendencia, la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial (Dinot) y el Ministerio de Ambiente.
¿Quiénes se oponen y cuáles son sus argumentos en contra?
Se oponen 13 organizaciones sociales y ambientales de la zona oeste, la bancada del Partido Colorado (que votó en contra) y sectores del Frente Amplio (como el edil Juan Urdangaray, quien acompañó el voto solo por disciplina partidaria). Sus principales objeciones son:
- Falta de un Plan Local aprobado: Sostienen que no debería aprobarse ningún fraccionamiento aislado hasta que la Intendencia y la Junta aprueben el Plan Local de Ordenamiento Territorial de Piriápolis y Solís Grande (en trámite desde 2019), para evitar un crecimiento desordenado o «en pedacitos».
- Impacto ambiental acumulativo: Advierten que se evalúa cada proyecto por separado sin medir el efecto sumado de varios fraccionamientos lindantes sobre los desagües pluviales, la cobertura vegetal y la cuenca del arroyo Zanja Honda.
- Afectación de la fauna silvestre: Las organizaciones ambientales alertan que la urbanización avanza sobre el hábitat natural de especies autóctonas de la zona (como guazubirá, carpincho, zorro gris, gato montés, ñacurutú, coatí y lobito de río).
- Problemas de conectividad vial: Cuestionan que los accesos desde Pueblo Obrero y la Ruta 37 son limitados y señalan un error en el texto aprobado, ya que menciona una conexión por la calle Rincón que en los hechos no llega hasta el predio.
- Futura excepción a la normativa: Advierten que, como la zona exige actualmente terrenos de 1.000 m² y 20 metros de frente, aprobar un proyecto con lotes de 600 m² implica asumir de antemano que más adelante se votará una excepción reglamentaria.
