Frente a la inquietud estudiantil generada por publicaciones sobre la situación de Santino Gandini, la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Udelar apeló a la confidencialidad legal de los datos académicos y recordó que las medidas privativas de libertad dependen del Poder Judicial.
La Facultad de Ciencias Económicas y de Administración (FCEA) de la Universidad de la República emitió este jueves un comunicado oficial ante la preocupación manifestada por estudiantes luego de que circularan en redes sociales versiones que vinculaban a Santino Gandini Ruiz, autor confeso y condenado por el femicidio de Valentina Cancela, con el cursado de carreras en dicha institución.
La discusión pública resurgió en las últimas horas acompañada de afirmaciones en la red social X que aseguraban que el joven cursaba materias de manera presencial, mostrando incluso supuestos registros de asistencia a evaluaciones, e insinuando que gozaba de libertad. No obstante, fuentes del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) aclararon a la prensa que Gandini permanece recluido cumpliendo su pena y que el acceso a carreras universitarias se enmarca en su plan de reinserción por buena conducta, desarrollándose de forma estrictamente remota, sin concurrencia física al edificio universitario.
Ante las consultas formales y los reclamos recibidos, la decana de la FCEA, Prof. Danny Freira, suscribió una respuesta institucional en la que detalló los límites jurídicos de la facultad para intervenir o informar sobre el caso. La institución señaló que, en cumplimiento de la normativa de protección de datos personales, no puede hacer pública la trayectoria académica de ningún estudiante, lo que abarca inscripciones, materias cursadas o exámenes rendidos. Desde el centro universitario subrayaron que esta reserva legal «no opera como un mecanismo de protección hacia quien ha causado daño, sino como una garantía que la normativa establece para todas las personas de la comunidad universitaria sin excepción».
Asimismo, el comunicado remarcó que las disposiciones relativas a procesos penales, condenas y modalidades de reclusión son competencia privativa de la Justicia. «Nos corresponde como servicio universitario cumplir con los aspectos previstos judicialmente: si eso significa permitir que una persona privada de libertad ingrese a una prueba acompañada por quien la ley dispone, así lo hacemos», expresó la institución, al tiempo que reconoció el temor, la incomodidad y la inseguridad que la situación despierta entre el alumnado.
Para atender estos escenarios, la facultad indicó que se encuentra articulando acciones con el área jurídica de la Udelar, la Unidad de Apoyo a la Enseñanza y el equipo técnico de CAVIDA (Comisión Central de Prevención y Actuación ante Situaciones de Violencia, Acoso y Discriminación), organismo encargado de brindar orientación y contención garantizando la no revictimización.
Finalmente, el documento reafirmó que la educación es un derecho que la Universidad extiende a las personas privadas de libertad para favorecer su reinserción social, postulando que dicho mandato debe convivir con la generación de espacios seguros y protegidos para el resto de la comunidad académica.
Santino Gandini cumple una condena de diez años de internación en el Inisa —la sanción máxima prevista en la legislación juvenil— por el homicidio muy especialmente agravado por feminicidio de la adolescente Valentina Cancela, cuyo cuerpo fue hallado a la altura de la parada 6 de la playa Brava de Punta del Este el 16 de agosto de 2023 tras la confesión del propio agresor.
