En un encuentro internacional en Montevideo, autoridades de Interpol y la Cámara de Lucha contra la Piratería alertaron sobre los vínculos del comercio ilícito con redes de trata, lavado de activos y un negocio que supera en ganancias a las drogas con penas sensiblemente menores; además, se informó que en Uruguay ya se incautaron casi dos millones de productos falsos en lo que va del año.
Representantes de Interpol, fiscalías, organismos públicos y empresas de Uruguay, Brasil y Paraguay participaron en Montevideo del encuentro «Propiedad Intelectual sin Fronteras: Acciones y Estrategias», organizado por la Cámara de Lucha contra la Piratería y el Contrabando (CALPYC). La actividad tuvo como objetivo intercambiar experiencias, analizar nuevas modalidades delictivas y coordinar acciones conjuntas.
Durante la jornada, el oficial regional especializado de Interpol para América del Sur, Diego Navarrete, advirtió sobre la magnitud del fenómeno y su vínculo con el crimen organizado. “Se han descubierto redes de trata de personas, trabajo forzado y lavado de dinero. Las estadísticas muestran que el contrabando de bienes falsificados y no autorizados genera más dinero que el tráfico de drogas y, sin embargo, tiene penas más bajas en casi todos los países del mundo”, sostuvo. En ese sentido, Navarrete remarcó que las incautaciones por sí solas no alcanzan y que deben transformarse en información e inteligencia para identificar a las organizaciones criminales trasnacionales.
Por su parte, la presidenta de CALPYC, Virginia Cervieri, informó que en Uruguay se registra un incremento en las incautaciones y que la Dirección Nacional de Aduanas decomisó cerca de dos millones de productos en el año, en su mayoría mercadería en tránsito vinculada a perfumes y cosméticos, impulsada por redes sociales. También señaló aumentos en camisetas deportivas, pelotas, lentes, calzado y juguetes.
Asimismo, Cervieri alertó sobre los riesgos de estos artículos para los consumidores —como irritaciones en la piel o piezas peligrosas en juguetes— y recordó que el delito se persigue a instancia de parte, por lo que es imprescindible que los titulares de las marcas denuncien ante Fiscalía para que la Justicia pueda actuar tras las incautaciones aduaneras.
El evento contó también con la participación de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), fiscales de Uruguay y Paraguay, autoridades brasileñas, integrantes de la Policía Nacional, de la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado e Interpol, y representantes del sector empresarial.
