El senador colorado Nicolás De Módena presentó una exposición escrita dirigida al MTOP, DINACIA, Ministerio de Turismo y a las intendencias de Maldonado, Salto y Rivera. Alertó sobre el perjuicio que causan las cancelaciones de vuelos y pidió garantizar la regularidad del servicio en las terminales del interior.
A raíz de las dificultades operativas registradas recientemente en el transporte aéreo regional, el senador Nicolás De Módena elevó una exposición escrita ante la Cámara Alta para solicitar un seguimiento más riguroso sobre el cumplimiento de las frecuencias otorgadas y promover una mayor conectividad en el interior del país.
El documento fue remitido al Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica (DINACIA), el Ministerio de Turismo y las intendencias de Maldonado, Salto y Rivera. Según argumentó el legislador, la iniciativa no busca enfocarse en una compañía en particular, sino asegurar la confiabilidad del transporte aéreo como un servicio estratégico para el desarrollo social, turístico y económico de las regiones.
En su planteo, De Módena remarcó que las cancelaciones o imprevistos en los itinerarios generan serias complicaciones a trabajadores, empresarios, estudiantes, pacientes y visitantes. Asimismo, enfatizó que las cuantiosas inversiones destinadas a la modernización de la infraestructura aeroportuaria del interior deben verse respaldadas por líneas que operen con continuidad y previsibilidad.
Entre los puntos centrales de la propuesta, el parlamentario sugirió evaluar la incorporación de nuevos destinos dentro de la red de cabotaje nacional. En ese sentido, señaló al Aeropuerto Internacional de Punta del Este como una alternativa de fuerte potencial para sumarse a los trayectos internos, con especial foco en la alta demanda que registra la zona durante la temporada veraniega.
Finalmente, la exposición instó a la DINACIA a fiscalizar de manera estricta las obligaciones asumidas por las empresas concesionarias, recordando que las frecuencias aéreas constituyen un bien público cuya explotación exige responsabilidad institucional para no desproteger a los usuarios.
