28 años de prisión para el autor del femicidio de Karina Funes en Punta Colorada. El fallo incluyó homicidio muy especialmente agravado por femicidio, violación de domicilio, desacato y porte de armas. Este viernes se dictó sentencia en el caso del femicidio de Karina Funes, ocurrido el 6 de mayo de 2024 en el balneario Punta Colorada, Piriápolis. El tribunal condenó al autor del crimen, de 57 años, a 28 años de penitenciaría por los delitos de homicidio muy especialmente agravado por femicidio, violación de domicilio, desacato y porte y tenencia de armas.
La víctima, de 53 años, fue asesinada en su domicilio sobre las 14:00 horas, cuando su expareja —quien tenía prohibido acercarse por orden judicial— irrumpió en la vivienda y le efectuó un disparo en la cabeza. Horas antes, el agresor había sido citado por la Policía tras una denuncia por violencia doméstica, pero no se pudo aplicar la medida de protección mediante tobillera electrónica por falta de disponibilidad en el departamento, según informó la fiscal especializada en violencia de género, Fiorella Marzano, en entrevista con FM GENTE.
Un vecino presenció parte del hecho y declaró que ambos discutieron frente a la casa, momento en que el agresor amenazó a Funes con un arma y luego efectuó varios disparos antes de huir en su vehículo. La investigación confirmó que el hombre había desobedecido la orden judicial que le prohibía acercarse a la mujer. Tras consumar el femicidio, el autor huyó en su camioneta del lugar y al llegar a Punta Fría, intentó autoeliminarse sin éxito, efectuándose un disparo de arma de fuego que le rozó la cabeza, provocado una seria herida en el cráneo, de la cual, tras permanecer internado en un sanatorio, pudo sobreponerse.
La víctima y el agresor se habían conocido apenas dos meses antes del crimen, a través de la red social Instagram. El caso generó profunda conmoción en la comunidad de Piriápolis y reavivó el debate sobre los mecanismos de protección disponibles ante situaciones de violencia de género.
Con esta condena, se cierra una etapa judicial que deja en evidencia la necesidad de reforzar las medidas preventivas y garantizar recursos efectivos para la protección de las víctimas.
Fuente FM Gente
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