Tras una investigación liderada por la Seccional Décima y la Fiscalía de 3er Turno, la Justicia dispuso la condena de dos integrantes de un núcleo familiar que se dedicaba a la ocupación ilegal de inmuebles de alto valor en Punta del Este. El operativo, que incluyó allanamientos y la detención de cinco personas, desarticuló un modus operandi basado en la permanencia prolongada en fincas de lujo mediante engaños y desacato
El modus operandi: una organización familiar
La investigación se inició el pasado 28 de enero tras la denuncia de una propietaria en Punta del Este. Según la información policial, el principal implicado es un hombre de 72 años, conocido en la zona como el negro Tony, que ha cobrado notoriedad pública por ocupar inmuebles de alto costo sin abonar alquiler, retirándose únicamente cuando existía una orden de desalojo tras años de proceso judicial.
El hombre no actuaba solo; lo hacía junto a su núcleo familiar, quienes cumplían roles definidos para obstaculizar la restitución de las propiedades a sus dueños. Esta estructura permitía a los ocupantes permanecer en las fincas durante extensos periodos de tiempo, configurando una maniobra presuntamente constitutiva de estafa y asociación para delinquir.
Ante la denuncia, la Fiscalía de 3er Turno otorgó inicialmente un plazo para que abandonaran el inmueble. Al constatar la negativa de los ocupantes y el desacato al mandato fiscal, se solicitó una orden de allanamiento.
En la tarde del 29 de enero, el titular de la Seccional Décima, con apoyo de diversas reparticiones, procedió a allanar la finca y detener a cinco personas (dos hombres y tres mujeres), todos mayores de edad y familiares entre sí.
La sentencia
Luego de las audiencias celebradas entre el viernes y este sábado 31 de enero en el Juzgado de 11er Turno, se dispuso la condena de A.R.P. (72 años) y M.Y.B. (42 años) como autores penalmente responsables de un delito continuado de estafa y reiterados delitos de usurpación agravados.
Ambos deberán cumplir una pena de 24 meses de prisión, la cual será sustituida por un régimen de libertad a prueba bajo las siguientes condiciones:
- Arresto domiciliario total durante los primeros 10 meses de la condena.
- Residencia en un domicilio fijado sin posibilidad de modificación sin aviso previo.
- Sujeción a la orientación y vigilancia de la DINAMA.
- Presentación semanal en la Seccional policial correspondiente.
- Prestación de servicios comunitarios (2 horas diarias, una vez por semana) por un plazo de 10 meses.
Cabe destacar que, si bien el sistema de antecedentes se encontraba caído al momento del informe oficial, no se descarta que el hombre de 72 años posea antecedentes penales previos dadas sus reiteradas maniobras en la zona.
Foto captura Santo y Seña
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