Tres parlamentarios de Entre Ríos presentaron una demanda civil para prevenir daños ambientales, alegando que Uruguay no presentó los estudios ante la CARU. La Fiscalía Federal de Concepción del Uruguay dictaminó que el caso debe tramitarse en los juzgados locales.
Una fiscal federal de Argentina se pronunció a favor de tramitar en los tribunales de ese país una demanda presentada contra el Estado de Uruguay y la empresa multinacional HIF Global. La acción judicial busca frenar o condicionar el proyecto de instalación de una planta de hidrógeno verde en Paysandú, alegando posibles perjuicios ambientales en el río Uruguay.
La demanda, presentada el pasado 12 de marzo por legisladores de la provincia de Entre Ríos, sostiene que Uruguay está avanzando «unilateralmente» en los permisos para la planta de combustibles sintéticos sin cumplir con el Estatuto del Río Uruguay. Según los demandantes, el gobierno uruguayo tiene la obligación de presentar toda la documentación ante la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) para que la contraparte argentina pueda evaluar el impacto sanitario y ambiental.
El antecedente de Botnia
Los legisladores entrerrianos basan su reclamo en la jurisprudencia fijada en 2010 por la Corte Internacional de La Haya tras el conflicto por la instalación de la planta de celulosa de Botnia (hoy UPM). Argumentan que, al igual que en aquel caso, Uruguay estaría omitiendo pasos legales internacionales obligatorios para proyectos de esta magnitud a la vera del río compartido.
Como medidas preventivas, la Justicia argentina solicitó un reconocimiento judicial de las costas y un análisis profundo de las aguas del río Uruguay frente a la ciudad de Colón.
Cifras del proyecto
La inversión prevista por HIF Global alcanza los 5.385 millones de dólares y contempla la producción de hasta 876.000 toneladas de metanol por año a partir de hidrógeno verde. El complejo se ubicará a 15 kilómetros de Paysandú y a solo 3 kilómetros de la costa argentina. Mientras la empresa ya presentó la solicitud de autorización ambiental ante el Ministerio de Ambiente de Uruguay, este nuevo frente judicial en Argentina podría sumar complicaciones diplomáticas al desarrollo de la obra.
EFE / Semanario La Prensa
