Asistieron a la actividad más de 150 personas, muchas de ellas con discapacidad, y a su vez integrantes de diversas organizaciones sociales. También contó con la presencia, entre otras autoridades, de la Intendenta de Montevideo Ana Olivera y el Sub secretarío del Ministerio del Interior Jorge Vazquez.
Esta primer actividad, se enmarcó en el proceso de debate programático que está realizando el Frente Amplio de cara al próximo congreso a realizarse en noviembre. Allí se planteó el vínculo entre la política y la discapacidad, marcando la ausencia permanente de éste tema en el espacio público, lo que en gran medida ha generado una situación histórica de exclusión social.
En resumen se presentaron las principales propuestas programáticas, que a su vez muchas se están implementando desde el año 2005 con la llegada del Frente Amplio al gobierno. Como también se plantearon otra serie para ser implementadas desde hoy en adelante.
Se destaca la necesidad, de que en un próximo período gubernamental, sea destinado el 1% de Presupuesto Nacional para implementar políticas de discapacidad.
Se adjunta el documento programático.
Propuesta del GAP Discapacidad de la CAP-L al Programa del Frente Amplio 2013 – 2020
Por los derechos de las personas con discapacidad
Es necesario reconocer que en el Uruguay, el colectivo de las personas con discapacidad es una de las poblaciones más expuestas a la desigualdad social. El abordaje de la discapacidad en nuestro país se ha caracterizado por la ausencia de
políticas públicas y el desentendimiento del Estado. Sus intervenciones, históricamente, se han limitado a realizar transferencias monetarias a instituciones (religiosas, de profesionales, familiares, etc.) que no han logrado suplantar eficazmente los servicios de salud y rehabilitación, educación, inserción laboral y cultural, entre otras, que el Estado debería ofrecer a todos los ciudadanos que lo necesiten. El enfoque médico de la discapacidad ha imperado en las instituciones y organizaciones sociales; las estrategias de atención se han centrado en la adaptación de la persona al
medio y no la del medio a las personas. Si bien este es el enfoque dominante, en los últimos 20 años se comenzaron a dar los primeros pasos hacia el cambio que ubique a la persona con discapacidad como sujeto de derecho y no como objeto de caridad.
En el año 1989 se vota la ley 16.095, que significó un cambio importante en materia legislativa; casi 20 años después, ante la falta de reglamentación y aplicación de dicha ley se vota la 18.651. Con esta nueva ley se aborda el tema desde un enfoque de derechos humanos y de una presencia fuerte del Estado. En el mismo período legislativo (2005 – 2010) se aprueba la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad (Ley 18.418) y en el actual se vota su protocolo Facultativo (Ley 18.776).
En el año 2004 se realiza la primera medición de la discapacidad por parte de la Comisión Nacional Honoraria de la Discapacidad (CHHD) y el Instituto Nacional de Estadística (INE), que establece que un 7,6 % de la población tiene una discapacidad. En el año 2009 los resultados son de un 9,2 %. El Censo Nacional del 2011 plantea que existe un 16 % de personas con alguna limitación para caminar, ver, oír y entender. De esta cifra, el 7 % manifiesta que sus limitaciones son totales. A nivel internacional los análisis establecen que entre un 10 % y un 15 % de la población mundial tiene discapacidad. En este contexto, las tasas de desempleo, analfabetismo, problemas de salud y pobreza son significativamente superiores al resto de la población. Este panorama alarmante ha permanecido oculto y silencioso a lo largo de la historia.
En nuestro país, si bien el Frente Amplio ha realizado una serie de acciones importantes al respecto, el tema no ha estado presente explícitamente en los lineamientos programáticos. Por otra parte, los principales movimientos sociales no
han incorporado en sus plataformas, aspectos que reivindiquen los derechos de las personas con discapacidad; todo esto ha marcado en gran medida la ausencia de la discapacidad de la política y así la ha marginado al ámbito de la acción solidaria.
En el período 2005-2010 se discutió, elaboró y aprobó en el parlamento la ley 18.651 que reorganiza y actualiza la legislación sobre discapacidad, creada con amplia participación de organizaciones y ciudadanos con discapacidad, familiares y profesionales vinculados al tema.
El otro paso significativo fue la creación del Programa Nacional de Discapacidad (PRONADIS), que si bien surge en la órbita del MSP, pasa en el año 2007 a ser parte del MIDES, rompiendo el enfoque médico de la discapacidad y pasando, al menos institucionalmente, a un enfoque social.
Al aprobarse la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo, nuestro país consolidó herramientas legislativas adecuadas que hacen evidente y orientan la necesidad de crear una política de discapacidad. En este sentido las políticas focalizadas deben ir acompañadas de políticas universales; la atención a la emergencia es un paso en la trayectoria hacia la autonomía.
Durante el 2º período de gobierno del FA se han comenzado a gestar las bases que crean esa política de discapacidad. Se realizó el primer Informe País sobre la situación de la discapacidad, que fue enviado a la ONU para su consideración. Este hecho marca una etapa en la cual el Estado asume una posición de responsabilidad, clarificando lo hecho y lo que queda por hacer. Un 3º gobierno del Frente Amplio, debe Institucionalizar la política de discapacidad y consolidar el cambio de orientación que de una vez por todas elimine la situación de discriminación y exclusión histórica de las personas con discapacidad en nuestro país.
Para ello se propone:
* Crear el Consejo Nacional de la Discapacidad (CONADIS) a los efectos de fortalecer y jerarquizar las capacidades institucionales en la orientación, diseño, seguimiento y control de las políticas de discapacidad, así como la articulación con los Sistemas de Protección Social, Educación, Salud, Transporte y obras públicas, entre otros.
* Fortalecer el desarrollo del programa Uruguay sin Barreras, que está permitiendo conocer la realidad de las personas con discapacidad en el Uruguay. A partir de ésta información se están relevando las necesidades específicas que tiene cada persona con discapacidad y generando las bases para la implementación de las respuestas.
* Fortalecer la participación de las personas con discapacidad y sus organizaciones en el diseño y control de las políticas.
* Reglamentar los capítulos que faltan de la ley 18.651, especialmente el capítulo que crea los Asistentes Personales.
* Implementar la Certificación Única de la discapacidad, permitiendo la organización técnica y financiera de los sistemas de atención y prestaciones, con el fin de tener criterios y pautas uniformes en todo el país que permitan una metodología y lenguaje común, teniendo en cuenta los aspectos médicos, psicológicos y sociales.
* Desarrollar una política articulada con las Instituciones de la Educación para tomar las medidas necesarias, a los efectos de garantizar la inserción de las personas con discapacidad en el Sistema Educativo, desde la perspectiva de la educación inclusiva.
Promover en la estructura curricular de todos los centros de formación docente del país, información y formación en la temática de la discapacidad. Promover acciones para el incentivo, apoyo y gestión de investigaciones nterdisciplinarias.
* Crear medidas de incentivo a la inclusión laboral en el mercado abierto de trabajo. Se dará cabal cumplimiento a la disposición de que el 4% de las vacantes del Estado deben ser cubiertas por personas con discapacidad, aplicando las sanciones previstas.
Se promoverán los Talleres de Producción Protegida con fondos de incentivo. Al mismo tiempo se mejorarán las instancias de capacitación socio-laboral y se crearán programas de empleo con apoyo. Para ello se promocionarán cooperaciones público – público y público – privadas para la implementación de programas específicos.
* Garantizar la accesibilidad universal de los servicios de salud, en articulación con el Sistema Nacional Integrado de Salud. Se creará un Sistema Nacional de Rehabilitación.
* Desarrollar sistemas de diseño, elaboración, entrega y acceso en general de ayudas técnicas y tecnológicas. Para ello se creará un Centro Nacional de Ayudas Técnicas y Tecnológicas (CENATT), que facilitará a las personas el acceso a los apoyos necesarios para lograr mayores niveles de autonomía y bienestar.
* Implementar programas de acceso a la vivienda a partir del reconocimiento de las necesidades de accesibilidad universal. Se garantizará la accesibilidad en las construcciones (de vivienda y urbanísticas) desde una perspectiva inclusiva.
* Establecer un sistema de transporte colectivo accesible (en lo físico y comunicacional). Garantizar la libertad de circulación a través de medidas como: otorgar boletos gratuitos a nivel metropolitano e interdepartamental, servicios de taxis accesibles, adecuación de los procedimientos en la compra de automóviles, etc.
* Incorporar la perspectiva de la accesibilidad e inclusión en el diseño e implementación de las políticas de turismo, cultura y deporte. Playas, museos, teatros, cines, estadios y cualquier otro espacio tendrá condiciones de accesibilidad o un plan que garantice su transformación.
* Elaborar un Plan Nacional de Accesibilidad que marcará los lineamientos y etapas de desarrollo de ciudades inclusivas.
* Ejecutar medidas para la accesibilidad universal de los medios de comunicación. Se atenderá la aplicación del actual proyecto de ley de medios audiovisuales en su capítulo que refiere a los derechos de las personas con discapacidad.
* Destinar el 1% del Presupuesto Nacional para implementar las políticas de Discapacidad.
