Tras dos décadas de gestación, la ONU activa el primer marco jurídico para proteger la biodiversidad en alta mar y el lecho marino internacional. Aunque potencias como China y Brasil ya lo han ratificado para garantizar una gestión sostenible del océano, grandes economías exportadoras y potencias occidentales aún se mantienen al margen del compromiso vinculante.
Se trata del primer instrumento jurídicamente vinculante que contempla la gobernanza del océano, con el objetivo de transformar alta mar y el lecho marino internacional en un entorno que se gestione de manera sostenible en beneficio de toda la humanidad. China, Alemania, Japón, Francia y Brasil ya lo han ratificado.
Tras casi dos décadas de elaboración, un acuerdo internacional para proteger la vida marina en aguas internacionales y el lecho marino entrará en vigor este sábado, lo que marca un importante paso adelante en los esfuerzos por garantizar la salud de los ecosistemas oceánicos durante las próximas décadas.
Conocido oficialmente como el Acuerdo sobre la Biodiversidad Más Allá de la Jurisdicción Nacional, este tratado de la ONU jurídicamente vinculante cubre las zonas oceánicas que se encuentran fuera de las aguas nacionales (alta mar) y el área internacional de los fondos marinos.
Estas regiones conforman más de dos tercios de la superficie del océano y representan más del 90% del hábitat de la Tierra en términos de volumen. Esto se debe a que el océano es profundo y la mayor parte del espacio habitable del planeta se encuentra bajo el agua.
Estos son algunos de los puntos clave que hay que saber:
Por qué es importante
El acuerdo está diseñado para transformar la “alta mar” y el lecho marino internacional en un entorno que se gestione de manera sostenible en beneficio de toda la humanidad.
También es el primer instrumento oceánico jurídicamente vinculante que contempla una gobernanza oceánica inclusiva, con disposiciones sobre la participación de los pueblos indígenas y las comunidades locales, así como sobre la igualdad de género.
Se espera que, una vez plenamente implementado, el Acuerdo haga una contribución vital para abordar la llamada “triple crisis planetaria” del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación.
En declaraciones a Noticias ONU, el diplomático tanzano Mzee Ali Haji, quien encabezó el equipo negociador de su país durante las discusiones del tratado, afirmó que éste representa un gran avance en la protección de las aguas internacionales.
“Todos deben tener en cuenta que ahora existe control sobre la actividad en la alta mar. Por ejemplo, cuando se contamina, se es responsable de los propios actos”.
El acuerdo refuerza el marco jurídico internacional actual: se basa en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar —en la práctica, la “constitución de los océanos”—, que ha establecido las normas para la explotación marítima y del lecho marino y la protección marina desde que entró en vigor en 1994.
El texto aborda las lagunas de la Convención, incluye más detalles sobre cómo gestionar la biodiversidad y alinea la gobernanza oceánica con desafíos modernos como el cambio climático y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (el plan impulsado por la ONU para resolver los desafíos más complejos del mundo).
Se espera que la biodiversidad marina sea mejor protegida gracias al nuevo tratado.
¿Qué significa “entrada en vigor”?
Tras la entrada en vigor, el tratado pasa a ser jurídicamente vinculante para los más de 80 países que lo han ratificado hasta ahora, lo que significa que aceptan incorporarlo a su legislación nacional.
El tratado especifica que entra en vigor este sábado: 120 días después de haber sido ratificado —aceptado como jurídicamente vinculante— por al menos 60 países.
¿Quiénes se han adherido y quiénes no?
Muchas economías importantes lo han ratificado, en particular China, Alemania, Japón, Francia y Brasil.
China tiene un impacto especialmente importante en las industrias vinculadas al océano (como la construcción naval, la acuicultura, la pesca y el petróleo y gas marinos), ya que exportó unos 155.000 millones de dólares en bienes relacionados con el océano en 2023, según cifras de la agencia de comercio de la ONU.
Entre los países que aún no lo han ratificado se encuentran Estados Unidos, India, el Reino Unido y Rusia.
Estados Unidos, la mayor economía del mundo, se encuentra entre los cinco principales exportadores de bienes relacionados con el océano (61.000 millones de dólares). Aunque el país adoptó el tratado en 2023, todavía no lo ha ratificado y el Senado no ha actuado al respecto.
India, uno de los principales exportadores entre las economías en desarrollo (19.000 millones de dólares), adoptó el tratado en 2024, pero la legislación nacional para su ratificación aún está pendiente. Si bien el Reino Unido presentó legislación sobre el tema en 2025, el Parlamento todavía debe ratificarlo.
Rusia sigue siendo uno de los pocos países que no ha adoptado ni ratificado el tratado, alegando su deseo de preservar los marcos de gobernanza existentes y garantizar que se mantenga la libertad de navegación y de transporte marítimo en aguas internacionales.
El tratado sobre la biodiversidad marina ayudará a proteger los océanos.
¿Es esto un gran revés para el tratado?
A pesar de la reticencia de algunas economías importantes a comprometerse plenamente mediante la ratificación, el señor Haji se muestra positivo respecto al impacto que tendrá el acuerdo en su estado actual.
“Los países en desarrollo y los pequeños Estados insulares necesitan apoyo”, afirma. “Esperamos que, en el futuro, acepten este acuerdo, porque les ayudará. La protección de la alta mar es responsabilidad de todos nosotros”.
¿Qué sucede a continuación?
La puerta sigue abierta para que más países lo ratifiquen, lo que lo hará más eficaz.
“Cuando se negocia algo, no se puede lograr que el 100% de las personas lo ratifiquen o lo acepten en un solo momento”, dice el señor Haji. “Algunos solo observan y luego, cuando ven las ventajas, se suman. Creo que, en el futuro, otros se unirán”.
Además de la participación universal, la clave para que funcione será la implementación; en otras palabras, actuar contra quienes incumplan las normas.
Según el texto del acuerdo, la primera reunión para supervisar los avances en ambos frentes tendrá lugar a más tardar un año después de su entrada en vigor.
Fuente ONU
