Edil Sebastián Antonini planteó preocupación por reforma de la Seguridad Social y pide calma. En la sesión ordinaria de la Junta Departamental de Maldonado del martes 29 de setiembre, el edil Sebastián Antonini dijo que hay propuestas de asistencia financiera al BPS cuando se está reviendo el tema Seguridad Social. Señaló que hay una comisión de expertos que nació porque se dijo que hay un déficit importante en el tema Seguridad Social. El curul sostuvo que es difícil que el costo político los pague uno y los beneficios los disfrute otro gobierno, por eso es difícil hablar de este tema.
Calificó de disparate las afirmaciones del director de OPP, Isaac Alfie quien dijo que la seguridad social estaba quebrada, porque el BPS en la pandemia hizo la diferencia. Agregó que no hay que apurarse y analizar el tema con calma. La reforma no es con una comisión sino con diálogo. El equipo que representa a los trabajadores en BPS tiene que transparentar los números.
La otra propuesta que realizaron los trabajadores fue que cuando la DGI realiza transferencias por aportes patronales cobra una comisión al BPS. Antonini señaló que duele cuando se habla del déficit del BPS pero no se explica ni se aclara.
Sobre extender la edad laboral, el edil dijo que es algo complejo porque la expectativa de vida no se puede determinar, no es la misma de un trabajador bancario, profesional, frente a una doméstica o de alguien de la construcción.
En el caso de la doméstica no se le puede pedir llegar a los 65 años cuando no está en condiciones de seguir la tarea frente a otros privilegios como la caja militar donde se pueden retirar 15 o 20 años antes, señaló.
Dijo que todo trabajador tiene derecho a una jubilación digna y si hay que hablar de la reforma, debe ser de manera participativa y no de unos pocos, gracias a la LUC, concluyó.
SESIÓN ORDINARIA DE FECHA MARTES 28 DE SETIEMBRE DE 2021
MEDIA HORA PREVIA
EDIL (S) SEBASTIÁN ANTONINI
Tiene la palabra el señor edil Sebastián Antonini.
EDIL ANTONINI (Sebastián).- Gracias, presidente.
Vamos a aprovechar estos minutos para hacer referencia a un tema que se encuentra en discusión por estos días: la reforma de la seguridad social. Por eso manifestaremos parte de algunas declaraciones vertidas en los medios de prensa capitalinos en los últimos días por parte del director del BPS en representación de los trabajadores, el compañero Ramón Ruiz.
El equipo presentó hace algunas semanas en el Parlamento propuestas de asistencia financiera al BPS, justamente en momentos donde se está reviendo todo el tema de la seguridad social. Se concurrió a la Comisión que trataba la rendición de cuentas, donde algunos diputados se sorprendieron porque se les planteó agregar artículos a dicha rendición; no se habló de modificaciones a lo existente o de eliminaciones, sino de todo lo contrario.
Pero lo que impulsó al Poder Ejecutivo a manifestar que se necesitaba crear una comisión de expertos para analizar la seguridad social y sugerir cambios, fue decir que la seguridad social tiene un déficit importante. Uno de los principales objetivos es lograr la sostenibilidad económico-financiera del sistema. Sabemos que no se tienen resultados inmediatos sino en próximos gobiernos; por lo tanto, los costos políticos los paga uno y los beneficios los disfruta otro gobierno. Por eso es difícil hablar de la reforma.
Al llegar a la conclusión de que la seguridad social está mal, está quebrada, surge de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ‒en la persona de su director, el economista y contador Isaac Alfie‒ un tremendo disparate, cuando todos sabemos que fue la seguridad social una de las razones que mostró a Uruguay con números diferentes en la región. El BPS fue el gran amortiguador para que la crisis no fuera más profunda de lo que fue. En la pandemia el BPS hizo la diferencia.
Se repite una y otra vez que la seguridad social está mal, con déficit; por eso la discusión y la propuesta de la reforma. En parte se está de acuerdo; lo que decimos es que no es urgente, no hay que apurarse, hay que analizar con calma, sin apuro, porque se entiende que en BPS no hay situaciones que, en el corto plazo, presenten dificultades insalvables.
Las proyecciones actuariales que hace BPS hoy dicen que hasta dentro de 20 años la situación será de cierta estabilidad pero dentro de dos décadas, se producirá el deterioro creciente en cuanto a la situación económico-financiera, la brecha entre ingresos y egresos. Por eso es necesaria la reforma, pero no de forma urgente, con diálogo, no con una comisión de expertos creada a partir de la LUC. De igual forma, ahí se trabaja con mucha dedicación y entrega por parte del compañero economista Hugo Bay, entre otros.
Al equipo que representa a los trabajadores en el BPS le parece que para discutir la situación financiera de la seguridad social hay que transparentar los números, porque algunos dicen que el BPS necesita U$S600.000.000. Haciendo una comparación entre ingresos y egresos, U$S600.000.000 equivalen a un punto de PIB, Producto Interno Bruto uruguayo. Eso no es real porque en esa cuenta no aparecen cosas que entendemos, antes de discutir la situación financiera del BPS, se deben analizar. Por ejemplo, el BPS no recauda U$S233.000.000, que son exoneraciones de aportes patronales de algunas empresas o grupos de empresas que fueron promovidas por el Poder Ejecutivo en diferentes momentos políticos y votadas por el Parlamento.
No se cuestiona lo que llevó a resolver esas exoneraciones, ni se pide que las eliminen, pero sí definir criterios en la rendición de cuentas para la presentación del balance de BPS, diciendo que esas exoneraciones se consideran recursos genuinos de la seguridad social y no déficit.
Eso no fue decidido por el directorio del BPS, fue una decisión política que tomó cada gobierno, en su momento, para las exoneraciones ‒que no se cuestionan porque son decisiones políticas‒, lo que sí no se puede catalogar como déficit, porque no es problema de mala gestión ni de dificultades en el ámbito del trabajo, porque las empresas existen, sus trabajadores también, lo que falta es el aporte patronal de las empresas.
Tampoco se debe a factores relacionados con la demografía o por menos nacimientos o que la expectativa de vida sea mayor; por lo tanto, no se puede considerar esos U$S233.000.000 como déficit. Se debería hacer cargo el Estado haciendo una transferencia al BPS por esas exoneraciones que oportunamente se resolvieron.
La otra iniciativa que presentó el equipo de representantes de los trabajadores en el BPS es algo que a lo mejor sea difícil de creer y que cada vez que la DGI transfiere los 7 puntos del IVA ‒que son aportes genuinos a la seguridad social que el legislador estableció oportunamente, 7 puntos para la financiación de la seguridad social, o la transferencia de IAS (Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social)‒, cuando DGI hace esas transferencias le cobra una comisión al BPS, que el año anterior fue de U$S87.000.000 y años atrás, cuando se analizó este tema, era de U$S100.000.000.
Cuando se compara eso con los balances de DGI, equivale a todo el gasto de funcionamiento de la Dirección General Impositiva; es decir, con esta comisión que le cobran al BPS resuelven todo su funcionamiento; una exageración. Se estudió el tema y en la Rendición de Cuentas de 2018 se resolvió que la enseñanza estuviera exonerada del pago de esa comisión cuando DGI transfiere lo correspondiente al impuesto de primaria. Por eso se planteó que un artículo de la actual rendición de cuentas exonerara al BPS de la comisión existente.
Con esto ya no se hablaría de 600.000.000 de asistencia financiera sino de menos de la mitad.
Pero, como si todo esto fuera poco, el Instituto de Seguridad Social hace todo el trabajo gratis a las AFAP que funcionan en el régimen privado –son sociedades anónimas– y no se les cobra un peso por esa tarea. Algunos dirán: “Se pide exoneración de comisión y, por otro lado, se pide cobro de comisión”. Por supuesto que sí, ya que no es lo mismo que el Estado le cobre al Estado, a que el Estado trabaje gratis para empresas que ganan por año millones de dólares.
En otros países desarrollados no se vio este tema en forma lineal, sino que se hicieron estudios y estos demostraron que no todos los habitantes tienen la misma expectativa de vida; eso depende de la rama laboral y de la situación socioeconómica que tenga esa persona. No es lo mismo la expectativa de vida de un trabajador rural o de la construcción, de una doméstica o de un trabajador de la pesca que la de un trabajador bancario o profesional.
Hay diferencias que se deben tener en cuenta. Sería un retroceso muy grande en materia de protección social, por ejemplo, que a una trabajadora doméstica se le pida que trabaje hasta
los 65 años, porque no posee las condiciones físicas o tal vez de salud como para sobrellevar esa actividad hasta esa edad, al igual que las demás actividades que acabamos de citar.
El sector de las domésticas ha sido de los más postergados y castigados por la pandemia; significaría un golpe muy fuerte para esas trabajadoras. Por ejemplo, en el Banco de Previsión Social se retiran con un promedio de 63 o 64 años; en la Caja militar hay personas que se retiran con 40 años de edad y 20 años de trabajo.
Si hablamos del aumento de edad de retiro, ¿hablamos de todo el sistema o solo del BPS? Es injusto pedirles a las domésticas que trabajen hasta los 65 años y mantener los privilegios de la Caja militar, donde se retiran con 15 años trabajados y mañana puede ser con 20 años; y si comparamos el resto de los privilegios la brecha es mayor.
Lamentablemente, cuando se discute este tema no se ve una propuesta clara para todo el sistema, solo se habla del BPS. Por último, si pretenden dar la discusión que sea una comisión de expertos; todas las propuestas se deben discutir ahí. Lamentablemente se habla mucho en los medios pero en la comisión no hay ninguna propuesta sobre aumentar la edad de retiro. Si se presentara, se reclamaría que fuera fundamentada, no solo para discutir lo que la seguridad social necesita, sino también proyecciones para saber cuánto mejoraría la salud financiera del BPS y el sistema de seguridad social, de hacerse esos cambios.
Presidente, la seguridad social es un tema que nos debe importar a todos, porque todos los que estamos en esta sala algún día nos vamos a jubilar y lo queremos hacer de la mejor forma posible.
Todo trabajador tiene derecho a una jubilación digna; no deben existir jubilados categoría A, B o C.
Si hay que hablar de la reforma de la seguridad social, debe ser de manera participativa y no entre unos pocos, como se viene haciendo ahora a partir de la LUC. Tampoco es justo cambiar las reglas de juego sobre la marcha; hay muchos trabajadores que cuentan los años para el tan merecido retiro. Y, por supuesto, si hablamos de reforma, debe estar todo el tema sobre la mesa, sin exclusiones de ningún tipo.
Hoy tenemos Cajas que son deficitarias y que tienen importantes privilegios. El cálculo para quien se retira por Industria y Comercio, Caja Civil, por ejemplo, es del 45 % de su último sueldo y, en la Caja militar, es del 120 % y al día siguiente de su retiro ya están listos para volver al campo laboral. Entonces, seamos lo más objetivos posible con este tema.
Quiero dar destinos a mis palabras, señor presidente: a la Onajpu (Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay), a la Mesa Política Departamental y Nacional del Frente Amplio, a la Mesa Intersindical de Maldonado, a los medios de prensa del departamento, a la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca y Trabajo de la Junta y al Congreso Nacional de Ediles.
