La Cámara de Diputados aprobó la creación de una Comisión Investigadora para analizar las irregularidades e ilegalidades en la compra de la estancia María Dolores por parte del Instituto Nacional de Colonización (INC) días después de asumir el Frente Amplio como partido de gobierno en marzo del 2025. La votación reflejó una clara división política, con 51 votos de la oposición a favor de la creación de la comisión, contra 48 votos del Frente Amplio rechazando la comisión investigadora, en 99 diputados presentes en sala.
Un aspecto destacado de la votación fue la unanimidad de los partidos de oposición en apoyo a la creación de la comisión investigadora. El Partido Nacional, Partido Colorado, Cabildo Abierto, Partido Independiente e Identidad Soberana votaron conjuntamente a favor de la investigación, demostrando un consenso transversal sobre la necesidad de esclarecer las irregularidades en la compra de la estancia.
La decisión parlamentaria abre camino a una investigación formal sobre una de las inversiones más cuestionadas del INC, en la cual el Estado desembolsó 32 millones de dólares por aproximadamente 4.000 hectáreas de tierra, pagando un 40% más que el valor de mercado de la zona.
El contexto de la compra: Un «homenaje» de 32 millones de dólares
La compra de la estancia María Dolores ha sido objeto de controversia desde su realización. El secretario de Presidencia, Alejandro «Pacha» Sánchez (MPP), justificó la inversión como un «homenaje» al expresidente José Mujica, una explicación que ha generado cuestionamientos sobre el uso de fondos públicos para fines que van más allá de objetivos de política agraria.
Esta caracterización de la compra como un homenaje personal fue uno de los puntos centrales del debate parlamentario, donde los legisladores de la oposición enfatizaron que los recursos públicos no deben utilizarse para rendiciones de honor, por más significativas que, para algunos sean, las figuras políticas involucradas.
Más allá de la justificación como homenaje, la investigación deberá analizar múltiples irregularidades. El Estado pagó un 40% más que el valor de mercado por cada hectárea, lo que representa un gasto excesivo de aproximadamente 12.8 millones de dólares sobre el precio justo. Además, la decisión fue resuelta por un organismo ilegítimamente conformado, según denuncias de los legisladores, lo que cuestiona la validez misma del proceso administrativo que llevó a la compra.
Echeverría: «Freno a los excesos en la administración de fondos públicos»
El diputado Diego Echeverría del Partido Nacional (Maldonado) fundamentó su voto a favor de la comisión investigadora con un discurso centrado en la ética administrativa y la defensa de los recursos del Estado. Echeverría enfatizó que la investigación no busca dividir entre «buenos y malos», sino arrojar luz sobre decisiones financieras que perjudicaron el patrimonio público.
«De esto se trata esta comisión investigadora: de ponerle freno a los excesos y abusos de la conducta de quien administra los fondos públicos. Eso es artiguismo», sentenció el legislador, vinculando la necesidad de control parlamentario con los principios de probidad y el freno constitucional a la arbitrariedad.
Echeverría fue enfático al cuestionar la compra de tierras durante la actual administración, señalando una evidente falta de eficiencia. «Una administración que se gasta de un saque 32 millones de dólares en poco más de 4.000 hectáreas, a un precio muy por encima del mercado, no es una buena práctica de administración. Los recursos públicos son finitos, son la ‘sábana corta’: cuando tapamos de un lado, destapamos del otro», explicó.
El diputado contrastó esos números con la gestión del período pasado, presentando una comparación que subraya la diferencia en eficiencia: El diputado contrastó esos números con la gestión del actual período: Caso María Dolores US$ 32 millones por aprox. 4.000 hectáreas. Durante la gestión anterior se realizó una inversión de US$ 30 millones para la compra de más de 10.000 hectáreas en el último año, entregando un total de 60.000 hectáreas en el quinquenio.
Echeverría también defendió la innovación introducida por su sector respecto a la tenencia de la tierra. «Estamos de acuerdo con que la tierra es de quien la trabaja. Por eso innovamos al permitir que los colonos puedan comprar la tierra y no solo explotar un usufructo de algo que jamás sería de ellos», concluyó, vinculando la investigación con una visión de política agraria más inclusiva.
Casaretto: «Los homenajes no se hacen con dineros del pueblo»
El diputado Federico Casaretto, también del Partido Nacional (Maldonado), fundamentó su voto con un discurso cargado de indignación, donde cuestionó la falta de rigor técnico y ético en la compra de tierras. Casaretto fue categórico al señalar que el Parlamento tiene el deber moral de investigar un gasto que calificó como injustificable.
«¿Cómo se nos puede pedir que no investiguemos cuando todo el Uruguay vio al secretario político de la Presidencia decir que esta inversión de 32 millones de dólares era un ‘homenaje’ a la persona del ex presidente Mujica? Los homenajes los podemos hacer las veces que queramos, pero no con los dineros del pueblo», sentenció el legislador.
Casaretto puso el foco en la diferencia abismal entre los valores de mercado y lo pagado por el Estado en la zona. «En ese lugar la hectárea cuesta 4.000 dólares y el Estado pagó 7.000. ¿Me tengo que quedar de brazos cruzados? No, tengo que investigar por qué se gastó ese monto y dónde quedaron los informes técnicos y financieros», cuestionó.
Este sobreprecio de 3.000 dólares por hectárea representa un gasto adicional de aproximadamente 12 millones de dólares sobre el valor de mercado, una cifra que subraya la magnitud de la irregularidad.
Otro de los puntos que Casaretto enfatizó fue la velocidad con la que se tomó la decisión de invertir una suma de tal magnitud. «¿Cómo no voy a investigar si una jerarca, en apenas 50 minutos, toma la decisión de gastar 32 millones de dólares de todos los uruguayos?», cuestionó, sugiriendo que la falta de tiempo para análisis adecuado es indicativa de procedimientos irregulares.
Incompatibilidades éticas en el INC
Casaretto también denunció graves irregularidades en la conducta de los jerarcas del Instituto Nacional de Colonización que tomaron la decisión. Según sus denuncias:
•El entonces presidente del INC debió dejar el cargo por incompatibilidad, al ser colono y jerarca simultáneamente.
•Otra directora habría transferido sus acciones ante Colonización a su esposo tras participar en la millonaria resolución.
«¿Dónde quedó la seriedad de un organismo como debe ser el Instituto de Colonización?», concluyó Casaretto, reafirmando que la investigadora es el único camino para responder a la ciudadanía por el uso de sus recursos.
El camino hacia la investigación
Con la aprobación de esta comisión investigadora, el Parlamento iniciará formalmente el proceso para analizar las responsabilidades políticas y administrativas detrás de la compra de la estancia María Dolores. La investigación deberá examinar múltiples aspectos, incluyendo:
- •La justificación técnica y administrativa de la compra
- •La determinación de los precios pagados en comparación con valores de mercado (sobreprecio del 40%)
- •Los procedimientos seguidos en la toma de decisiones
- •Las posibles incompatibilidades éticas de los jerarcas involucrados
- •La documentación técnica y financiera que respalda la operación
- •La legitimidad de la conformación del organismo que resolvió la compra
Implicaciones políticas y administrativas
La creación de esta comisión investigadora representa un hito importante en el escrutinio parlamentario de las decisiones administrativas del gobierno de turno. Refleja la disposición del Parlamento a investigar el uso de recursos públicos, independientemente de la filiación política de quienes los administran.
La investigación promete arrojar luz sobre una de las decisiones de inversión más cuestionadas del Instituto Nacional de Colonización, permitiendo que la ciudadanía comprenda plenamente cómo se utilizaron 32 millones de dólares de fondos públicos en la compra de la estancia María Dolores.
Foto portada Diputados Uy
